94 EMPRESAS IMPUTADAS POR INCLUIR TASAS EN SUS FACTURAS
La Secretaría de Industria y Comercio abrió nuevos sumarios para investigar incumplimientos a la normativa de facturación.
Un total de 94 empresas fueron imputadas por incluir tasas municipales y otros cargos ajenos a los bienes y servicios contratados en sus facturas. La medida afecta a compañías de 14 provincias argentinas y se enmarca en el cumplimiento de la Resolución 267/24, vigente desde octubre de este año.
Entre las provincias involucradas se encuentran Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras. Los sumarios buscan determinar si las empresas infringieron la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que prohíbe cargos no contemplados en los contratos originales.
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Las empresas notificadas tendrán cinco días hábiles para presentar su descargo. En caso de comprobarse el incumplimiento, podrían enfrentar multas de hasta $2.130 millones, según lo establecido por la normativa vigente.
Esta es la segunda imputación masiva por el mismo motivo en pocos meses. En noviembre, la Secretaría de Industria ya había imputado a 95 empresas de 19 provincias y la Ciudad de Buenos Aires por prácticas similares.
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La Resolución 267/24 establece que las facturas solo pueden incluir la descripción y el precio del servicio contratado. Cualquier cargo adicional, como tasas municipales, debe ser gestionado por separado para garantizar la transparencia hacia los consumidores.
La medida apunta a proteger los derechos de los consumidores y garantizar prácticas comerciales justas. "No vamos a permitir que las empresas trasladen costos indebidos a los usuarios", indicaron desde la Secretaría de Industria.
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Entre los rubros más afectados por estas imputaciones se encuentran los servicios públicos, telecomunicaciones y seguros. El control se realiza a partir de denuncias recibidas por los consumidores y auditorías de la Secretaría.
La Ley de Defensa del Consumidor establece sanciones severas para quienes infrinjan sus disposiciones. Las multas buscan desincentivar estas prácticas y resarcir los daños ocasionados a los usuarios.
Las empresas imputadas podrían enfrentar no solo sanciones económicas, sino también medidas correctivas. Estas incluyen la devolución de los montos cobrados indebidamente y la adecuación de sus sistemas de facturación.
Desde la Secretaría destacaron la importancia de que los consumidores denuncien cualquier irregularidad en sus facturas. "La participación ciudadana es clave para garantizar el cumplimiento de las normativas", señalaron.
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