PESCA: ESCÁNDALO EN EL CONSEJO FEDERAL Y REPERCUSIONES JUDICIALES

La aprobación de las cuotas de merluza hubbsi en el Consejo Federal Pesquero generó un sismo en el sector. Una denuncia por presuntas coimas reactivó una causa judicial en Mar del Plata.

La Fiscalía Federal 2 investiga un pago de 15 millones de dólares en sobornos. La maniobra habría involucrado a empresarios, lobbystas y otras personas.

La denuncia fue presentada por Gustavo Pulti, ex intendente de General Pueyrredon. La aprobación de las cuotas quedó suspendida por 90 días en septiembre tras las filtraciones.

Los testimonios comenzaron a tomar forma a finales de noviembre. Tres importantes empresarios ya fueron citados a declarar ante la justicia.

Otro empresario pesquero, quien le vendió sus barcos a una pesquera que ahora es operada por un fondo de inversión, con sede en Puerto Madryn, también fue citado a declarar. Un alto ejecutivo de la misma empresa y de nacionalidad española declaró por plataforma.

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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas participa activamente en la causa. El organismo especializado en corrupción pública acompaña al fiscal Santiago Eyherabide.

La estrategia legal de ADPA incluyó recomendaciones para evitar el secuestro de celulares. Los dispositivos podrían contener pruebas clave sobre las operaciones irregulares.

El caso podría extenderse a la cuota de merluza negra aprobada en septiembre. La fiscalía investiga si también hubo pagos ilegales relacionados con esta asignación.

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Puntualmente, la mira está puesta en dos importantes actores del sector público y privado. Ambos estarían vinculados a nuevos permisos de pesca en discusión en el Consejo Federal.

El otorgamiento de los permisos de pesca de calamar también está en investigación de la justicia. Los movimientos financieros del sector pesquero están bajo escrutinio.

Las empresas representadas por Néstor Miguel Bustamante enfrentaron trabas en sus trámites. La situación genera tensiones en el sector y deja en evidencia favoritismos.

Otra empresa, de históricos capitales españoles y con sede en Puerto Madryn no logró avances en la última reunión del Consejo Federal pesquero. Las decisiones parecieron influenciadas por represalias políticas.

El abogado Bustamante negó cualquier irregularidad y defendió su ética profesional. “Nunca traicioné mis principios; siempre confié en la vigencia de la ley”, declaró.

Sin embargo, otros empresarios marplatenses optaron por no realizar pagos indebidos. Su negativa habría causado tensiones internas y afectado decisiones del Consejo.

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Los pedidos de las empresas representadas por Bustamante quedaron en suspenso. Este detalle aviva las sospechas de represalias por no participar en el esquema de pagos.

La investigación avanza, pero persisten interrogantes sobre el destino del dinero. La justicia busca identificar a los intermediarios y la ruta del dinero utilizado en las coimas.