IMPUGNAN LA SUSPENSIÓN DE JUICIO EN DOBLE HOMICIDIO VIAL
La Fiscalía de Rawson solicitó revocar la suspensión de juicio a prueba en el caso de un doble homicidio culposo. La decisión de la jueza Breckle es cuestionada por la procuradora.
La procuradora Janet Davies presentó una impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. La fiscalía rechaza la decisión de la jueza Karina Breckle de aplicar la suspensión de juicio a prueba en un caso de doble homicidio culposo ocurrido en la Ruta Provincial 25.
El caso involucra a Elian Alberto Saucedo, quien conducía un Fiat Uno en sentido Rawson-Trelew. En sentido contrario circulaban Alexis Rojas y Cristian Ramos en una motocicleta Corvent. El auto invadió el carril y chocó de frente contra la moto.
Rojas falleció en el acto por lesiones graves en el cráneo y el cuello. Ramos fue trasladado al hospital de Trelew, donde murió tres horas después. Ambos llevaban casco protector y respetaban las normas de tránsito.
Saucedo, a través de su defensa, propuso el pago de $200.000 mensuales durante tres años a cada familia de las víctimas. También aceptó una inhabilitación para conducir por tres años y el cumplimiento de pautas de conducta.
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La fiscalía rechazó el acuerdo y exigió la realización del juicio. Davies argumentó que la gravedad del caso requiere una condena ejemplar. También señaló que el accidente provocó un daño irreparable y tiene un alto interés social.
Los familiares de las víctimas expresaron su rechazo al acuerdo económico. Manifestaron que la pérdida de sus seres queridos no puede compensarse con dinero y que el responsable debe enfrentar un juicio.
La defensa de Saucedo, a cargo de Gladys Olavarría, sostuvo que la suspensión de juicio a prueba ya se aplicó en otros casos similares. La jueza Breckle coincidió con esta postura y avaló el acuerdo entre las partes.
Breckle argumentó que el Código Penal permite este tipo de resoluciones. Señaló que las leyes no solo establecen penas, sino también mecanismos alternativos para resolver conflictos.
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La resolución judicial generó fuertes críticas por parte de la fiscalía. Davies insistió en que esta figura legal no puede aplicarse en casos donde está en juego la vida humana. Consideró que se trata de un delito de alta gravedad que no puede cerrarse con un acuerdo económico.
En su impugnación, la fiscal subrayó que el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción penal. Su función es garantizar el interés social y velar por los derechos de las víctimas.
Destacó que la suspensión del juicio equivale a una sentencia definitiva. Si se mantiene la decisión, el acusado podría quedar sobreseído sin haber enfrentado un juicio formal.
Davies alertó sobre el impacto de esta decisión en la sociedad. Señaló que podría sentar un precedente peligroso y debilitar la sanción de delitos viales graves.
La fiscal enfatizó que un juicio permitiría esclarecer lo ocurrido. Se presentarían pruebas, testimonios y pericias para determinar la responsabilidad del imputado.
Además, resaltó que los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad. Indicó que una condena justa ayudaría a dar cierre al duelo y generar conciencia en la sociedad.
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La impugnación sostiene que el caso debe ser revisado y el juicio debe realizarse. La fiscalía pide que el Superior Tribunal de Justicia revoque la decisión de Breckle.
Si la resolución se revierte, el acusado deberá enfrentar un juicio oral y público. De ser hallado culpable, la expectativa de pena podría alcanzar los cinco años de prisión efectiva.
El Superior Tribunal de Justicia ahora deberá definir el futuro del caso. La espera de justicia continúa mientras las familias aguardan una resolución que respete sus derechos.
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