La exjefa de compras que contrató a su pareja irá a juicio oral
La exjefa de Compras del Ministerio de Seguridad, Carolina Pardo Said, enfrentará un juicio oral y público. Está acusada de contratar ocho veces a su pareja para tareas dentro de la cartera provincial.
Pardo trabajó en la Subsecretaría de Seguridad. Desde 2020 manejó fondos públicos. Entre 2022 y 2023 firmó contrataciones directas a favor de Vicente García, su pareja. El vínculo no se declaró.
El caso se encuadra como presunta corrupción administrativa. La imputación incluye tres delitos. Se trata de defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública.
Las tareas contratadas incluyeron albañilería, electricidad, pintura y reparación de vehículos oficiales. El monto total de las contrataciones fue de $1.092.700, según el fiscal.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que Pardo aprovechó su cargo. Buscó beneficiar económicamente a su pareja mediante contrataciones irregulares. El procedimiento legal no se respetó.
En septiembre de 2024, Pardo intentó evitar el juicio oral. Había aceptado un juicio abreviado con pena en suspenso. También incluía tareas comunitarias e inhabilitación para cargos públicos por dos años.
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El acuerdo fue firmado por la defensa, la Fiscalía de Estado y la Unidad Anticorrupción. El fiscal Omar Rodríguez lo avaló. El defensor Diego Cruceño también. La jueza Karina Breckle lo rechazó.
Breckle consideró que el juicio abreviado no corresponde en delitos de corrupción. La norma impide resolver esos casos sin juicio público. La magistrada se apoyó en tratados internacionales.
La defensa apeló. El caso llegó a la Cámara Penal de Trelew. La resolución fue unánime. Los jueces confirmaron que los hechos deben ventilarse en juicio oral.
Los camaristas Adrián Barrios, César Zaratiegui y Alejandro Defranco firmaron la sentencia. Consideraron que la gravedad del caso exige transparencia. "Estos hechos deben tener publicidad", señalaron.
El fallo mencionó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Argentina asumió la obligación de investigar y enjuiciar estos delitos. No puede aplicar soluciones abreviadas.
El argumento económico fue descartado. La Cámara dijo que el costo no puede usarse para evitar el juicio oral. La participación ciudadana es un derecho.
Los jueces remarcaron el valor institucional del proceso. "La confianza y la educación democrática no tienen precio", sostuvieron. La Constitución da prioridad a estos casos.
García fue sobreseído. No enfrentará juicio. La acusación no reunió elementos suficientes en su contra. La responsabilidad recae sobre la exfuncionaria.
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El rol de Pardo como jefa de Compras le otorgaba manejo directo de fondos públicos. Según el fiscal, violó esa confianza al direccionar beneficios hacia un interés privado.
Desde la Fiscalía se insistió en el daño institucional. El interés personal primó sobre el interés público. Esa conducta vulneró la función del Estado.
La jueza Breckle afirmó que estos hechos no son menores. La Cámara ratificó esa mirada. “Es la Constitución la que coloca a estos delitos en un lugar de atención especial”, escribieron.
La causa avanza hacia el juicio oral. Se desarrollará ante un tribunal escabinado. Participarán jueces y ciudadanos seleccionados. El debate será público.
La acusación formal ya fue elevada. El Ministerio Público impulsará la pena. La defensa buscará atenuar responsabilidades. Las audiencias no tienen fecha aún.
El Ministerio de Seguridad apartó a Pardo de su cargo. La funcionaria está cesante desde 2023. No volvió a ocupar puestos estatales. Tampoco registra actividad política.
El juicio permitirá conocer detalles del procedimiento usado. Las contrataciones se habrían realizado sin cumplir normas básicas. La fiscalía investiga cómo se avalaron esas decisiones.
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La Cámara destacó que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se usaron los fondos. El juicio oral es el mecanismo más transparente para dar esa información.
El caso se convirtió en un ejemplo dentro del Poder Judicial. La negativa al juicio abreviado marcó un precedente. Los delitos de corrupción deben tratarse con rigor.
Pardo enfrentará el juicio como única imputada. García quedó fuera del proceso. El debate se centrará en el uso de su rol para beneficiar a un tercero cercano.
La causa también deja un mensaje político. La impunidad no es opción cuando hay fondos públicos comprometidos. La Justicia lo expresó con claridad.
"Estos procesos permiten a la sociedad ejercer democracia", dijeron los jueces. El juicio oral garantiza participación y control. La transparencia es parte de la respuesta estatal.