Polémica por la desclasificación de archivos de la dictadura y pedido de informes al Gobierno
El anuncio de desclasificación total de los archivos de la última dictadura militar sigue generando controversia. A días de conmemorarse el 49° aniversario del golpe de Estado de 1976, la senadora rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) presentó un proyecto de comunicación en el Senado para exigir al Poder Ejecutivo detalles concretos del proceso de apertura documental anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
"¿Cómo se garantizará la transparencia?", fue una de las preguntas formuladas por Silva, quien también pidió informes sobre el cronograma de trabajo, el presupuesto asignado, el rol de las organizaciones civiles, y la forma en que se preservarán los documentos históricos. El pedido incluye más de diez interrogantes, buscando aclarar si la medida anunciada representa un verdadero compromiso con la memoria, verdad y justicia o simplemente un gesto vacío.
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El anuncio oficial fue rápidamente cuestionado por organismos de derechos humanos y trabajadores del Espacio Memoria exESMA, quienes lo tildaron de “pura demagogia”. En un duro comunicado, señalaron que el verdadero objetivo sería “garantizar impunidad” a los responsables del terrorismo de Estado, y criticaron duramente al Ejecutivo por desmantelar equipos técnicos especializados en la materia.
“El Archivo Nacional de la Memoria está ahora a cargo de una experta en criptomonedas”, ironizaron los trabajadores, en alusión a los cambios implementados en el área tras despidos masivos. Además, cuestionaron la capacidad del Gobierno para encarar un proceso de tamaña magnitud sin el respaldo técnico necesario.
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Por su parte, el presidente Javier Milei defendió la medida en redes sociales: “A fondo en la búsqueda de la verdad. En su defecto, jamás habrá justicia”. Sin embargo, desde los sectores críticos recuerdan que los crímenes de lesa humanidad están regidos por estándares internacionales, y que ninguna medida unilateral puede alterar su calificación o imprescriptibilidad.
La discusión sobre el acceso a los archivos de la represión ilegal reabre una herida profunda en la sociedad argentina, y pone en evidencia las tensiones entre el discurso gubernamental y las políticas públicas de memoria construidas durante décadas.