Denuncian a Lorena Villaverde: “Es un engaño, aunque los terrenos existen”
La polémica en torno a la diputada nacional Lorena Villaverde sumó un nuevo capítulo. Tres compradores la denunciaron en la Justicia por incumplir contratos de venta de terrenos. También la acusan de hacer promesas falsas y de violar la legislación vigente.
La causa judicial ya se encuentra en trámite en la justicia local. El expediente fue caratulado como SA-00223-C-2024. Se presentó bajo el procedimiento sumarísimo previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. El monto reclamado roza los 100 millones de pesos.
Los compradores realizaron las operaciones en diciembre de 2020. Adquirieron tres lotes dentro del emprendimiento “Villa Verde Las Grutas – Tajamar”. El proyecto estaba a cargo de la propia Villaverde, en su rol de desarrolladora inmobiliaria.
Según los contratos firmados, el plazo de obra era de 10 meses. Las promesas incluían apertura de calles, conexión eléctrica y red de agua potable. Ninguna de esas obras se cumplió hasta el momento. Ya pasaron más de cuatro años.
Los denunciantes descubrieron algo más grave. Los terrenos se encuentran en zona rural. No pueden ser urbanizados. No cuentan con la excepción municipal necesaria. Esa gestión nunca se inició. Nadie presentó los pedidos correspondientes.
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La abogada Verónica Arizcuren presentó la demanda colectiva. Señaló múltiples faltas. “Hubo incumplimiento contractual, publicidad engañosa y violación al derecho del consumidor”, aseguró. Pidió pericias técnicas y documentales para evaluar el estado real de los lotes.
Villaverde intentó justificar el retraso. A través de su abogado, responsabilizó a la pandemia y a la importación de materiales. Dijo que los problemas fueron externos. Que no tuvo control sobre esos factores. Que no actuó con mala intención.
Sin embargo, los demandantes desmienten esa explicación. Recordaron que la pandemia ya estaba en curso cuando se firmaron los contratos. Además, Villaverde siguió ofreciendo lotes durante ese mismo período. Las publicaciones aún se pueden ver en redes sociales.
La situación encendió alarmas en la comunidad de Las Grutas. Hay temor por otros compradores que podrían estar en la misma situación. La publicidad continúa activa. Las imágenes muestran lotes disponibles con supuestas mejoras. No hay obras visibles.
El año pasado, Villaverde ya había sido denunciada. En esa oportunidad también enfrentó causas civiles. Incluso una penal. Por demoras en el mismo desarrollo. El proyecto Tajamar fue cuestionado en varias instancias. La respuesta oficial siempre fue insuficiente.
El abogado Lucas Cerro representa a otros compradores afectados. Dio detalles del caso en Radio Noticias. “Iniciamos tres juicios y resolvimos uno. El resto sigue abierto”, explicó. Aseguró que la propiedad figura a nombre de Villaverde.
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Cerro fue más allá. Denunció mala fe en la operatoria. “El loteo es rural. No puede ser usado para viviendas. Es un engaño, aunque los terrenos existen”, afirmó. Aclaró que la ley impide ese tipo de utilización sin autorización.
El abogado también explicó el vacío legal que afecta a los compradores. Señaló que la excepción al Código de Tierras nunca se tramitó. Dijo que el municipio debió haberla otorgado. Pero nadie la solicitó. El proyecto quedó bloqueado desde el origen.
La denuncia se enfoca en la figura del consumidor. Según los demandantes, los compradores actuaron de buena fe. Adquirieron terrenos con la intención de construir viviendas. Recibieron promesas que nunca se cumplieron. Se vieron afectados económica y emocionalmente.
Los lotes no figuran como habilitados para urbanización. Tienen categoría rural. Se permiten usos agropecuarios. No están dentro del ejido urbano. No cuentan con servicios. No tienen conexión ni accesos adecuados. Tampoco hay planos aprobados.
El caso pone en discusión el rol de los desarrolladores. Muchos proyectos similares proliferaron en zonas turísticas. Las promesas de inversión rápida y accesible atrajeron compradores. Las regulaciones municipales no siempre se cumplieron. Los controles fueron escasos.
Villaverde hoy ocupa una banca en el Congreso nacional. Representa a La Libertad Avanza. Su nombre figura en el directorio de la desarrolladora. Las publicaciones promocionales continúan en redes. No hay aclaraciones visibles sobre los límites legales.
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Los compradores esperan una respuesta rápida. La causa avanza bajo procedimiento sumarísimo. El objetivo es agilizar el juicio. Se presentarán pruebas, testimonios y pericias. El fallo podría marcar un precedente. Las implicancias políticas también están en juego.
Las redes sociales amplificaron las denuncias. Usuarios compartieron imágenes del lugar. Mostraron el estado real de los lotes. Denunciaron nuevas ventas. Señalaron el silencio de la diputada. Exigieron explicaciones públicas y reparación para los afectados.
La diputada aún no emitió declaraciones oficiales. Solo habló a través de su abogado. La estrategia parece evitar el conflicto mediático. Pero el tema ya escaló. Las críticas aumentan. Las pruebas se acumulan.
El municipio de San Antonio Oeste podría intervenir. Debería aclarar la situación legal del terreno. También su categoría. Y si existieron pedidos de excepción. Hasta ahora, no hubo respuesta formal. El silencio oficial genera más dudas.
Las autoridades provinciales también quedaron involucradas. La causa judicial se tramita en el fuero local. Pero el impacto político excede el caso. La figura de Villaverde complica las respuestas institucionales. Hay tensión dentro de su espacio político.
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El caso revela la fragilidad del mercado inmobiliario informal. Muchas personas compran sin verificar legalidades. Confían en promesas y promociones. No revisan códigos, planos ni restricciones. Los riesgos aumentan cuando hay impunidad.
La denuncia colectiva busca reparar un daño económico. Pero también apunta a frenar nuevas operaciones. “No se puede ofrecer lo que no existe legalmente”, afirmó Cerro. Advirtió que hay más víctimas potenciales.
La fiscalía ya recibió documentación. Se analizarán escrituras, contratos y publicaciones. También el uso del nombre “Tajamar”. Y su vinculación con la diputada. El juez podría pedir informes al municipio y al Registro de la Propiedad.
En redes, los compradores exigen justicia. Algunos piden la renuncia de Villaverde. Otros exigen el freno inmediato a las ventas. La tensión crece. La visibilidad del caso aumenta. El desenlace todavía es incierto.
Las Grutas vuelve a estar en el centro del conflicto. Esta vez, no por turismo ni playas. Por lotes, contratos y promesas incumplidas. Por leyes violadas. Por derechos vulnerados. Por el abuso de la confianza.
El tiempo corre para la diputada. Las pruebas avanzan. Los testimonios se suman. Las responsabilidades no se pueden ocultar. Los compradores esperan una sola cosa: que alguien responda.