Cámara de Diputados.
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados vuelve a sesionar después de cuatro meses sin actividad. El encuentro será el martes 1° de abril a las 10:30. El temario incluye 28 proyectos que apuntan a reformar el sistema sindical argentino.
La comisión es presidida por el diputado radical Martín Tetaz. Él mismo impulsó parte de los textos que se tratarán. El foco está puesto en la eliminación de los aportes compulsivos y en limitar los mandatos gremiales. La idea es avanzar con un sistema más libre y transparente.
Entre los principales cambios propuestos aparece la eliminación de las cuotas solidarias. Se trata de los aportes que se descuentan de forma automática a los trabajadores, incluso a quienes no están afiliados al gremio. Esa retención no se consulta ni se negocia.
Los proyectos afirman que todo descuento debe contar con autorización. “El aporte tiene que ser voluntario, no una obligación arbitraria”, señalan desde los bloques que impulsan la modificación. Buscan que cada trabajador decida si aporta o no.
El otro eje clave del debate es la duración de los mandatos sindicales. Muchos dirigentes permanecen décadas en los cargos. Algunos desde los años noventa. “No puede haber liderazgos eternos”, advierten los autores de las propuestas.
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La eliminación de la reelección indefinida aparece como punto central. Se trata de terminar con el ciclo de renovación bloqueado. El oficialismo anterior nunca habilitó ese debate. Ahora la oposición lo empuja con más fuerza.
Uno de los proyectos más ambiciosos lleva la firma de la diputada Roxana Reyes. Es representante por Santa Cruz y también del radicalismo. Tituló su iniciativa “Democracia Sindical”. Propone “más libertad, más control y más participación”.
Reyes explicó los motivos de su iniciativa con una frase contundente. “Los sindicalistas y los políticos no son intocables”. Así lo dijo en declaraciones públicas. Considera que los gremios deben recuperar representatividad real y dejar de ser refugios de poder.
La propuesta incluye además la implementación de la Ficha Limpia Sindical. Eso impediría que se presenten como candidatos quienes tengan condenas, deudas alimentarias o causas por obstrucción de vínculos familiares. Se trata de transparentar el sistema desde la base.
La iniciativa también apunta al patrimonio de los dirigentes. Exige la presentación obligatoria de declaraciones juradas. La idea es que los líderes gremiales informen públicamente sus bienes antes, durante y después de su mandato.
Otra medida destacada es el cupo de género obligatorio. Las listas de autoridades gremiales deberán respetar la paridad. Las mujeres y disidencias tendrán garantizada su participación en los órganos de conducción. No podrán quedar afuera.
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Los proyectos también proponen el voto obligatorio. Se aplicaría a la elección de delegados y autoridades. Hoy la participación es baja. La idea es ampliar la base electoral y garantizar legitimidad. “Los trabajadores tienen que elegir con libertad”, repiten los impulsores.
La Comisión intentó tratar estos temas a fines del año pasado. No hubo dictamen. Las firmas necesarias no se consiguieron. Según Tetaz, el gobierno anterior frenó el debate para evitar conflictos con la CGT. Ahora, el escenario cambió.
Esta vez, el radicalismo no está solo. Se sumaron bloques del PRO, la Coalición Cívica, Hacemos Federal e Innovación Federal. Todos coinciden en que el modelo sindical actual no refleja los cambios sociales ni económicos del país.
Pese a los apoyos, la reunión debió reprogramarse. Faltaron firmas para avanzar. Se necesitan 16 de los 31 miembros de la comisión. Sin esa mayoría, no puede emitirse dictamen. Pero el debate ya quedó instalado.
Mientras tanto, las centrales sindicales siguen con atención cada movimiento. Desde la CGT evitan declaraciones. Pero no ocultan su malestar. Los gremios consideran que hay un intento de desfinanciación y de debilitamiento institucional.
Las organizaciones señalan que la eliminación de aportes pone en riesgo la estructura gremial. Temen perder presencia en las fábricas, oficinas y lugares de trabajo. También temen por su capacidad de sostener obras sociales y servicios complementarios.
Las reformas propuestas se suman a otras iniciativas oficiales. El Gobierno impulsa cambios en las leyes laborales. Busca mayor flexibilidad en convenios, reducción de costos y eliminación de multas por despido. La agenda sindical se encuentra en jaque.
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Desde los gremios advierten que no permitirán retrocesos. Preparan acciones legales y gremiales. También reuniones con legisladores de todas las bancadas. “Defendemos la herramienta sindical como derecho básico”, afirman en redes sociales.
El oficialismo evita comprometerse de forma explícita. Pero celebra que el Congreso debata. Señala que los cambios deben surgir desde el Parlamento y no desde decretos. La estrategia busca bajar el costo político.
En paralelo, distintos sectores laborales comienzan a expresarse. Hay sindicatos que piden una renovación interna. Otros defienden el modelo actual. Algunos trabajadores reclaman elecciones más abiertas. Otros, la continuidad de los referentes históricos.
En el fondo, el debate interpela al rol del sindicalismo. ¿Debe ser estructura de defensa? ¿Debe ser caja de servicios? ¿O debe renovarse como actor político? Nadie lo responde aún. Pero todos lo discuten.
Los autores de las propuestas aseguran que buscan abrir el sistema. Quieren mayor control, menos beneficios personales y más derechos para los trabajadores. No niegan que se tocan intereses. Pero insisten en que “la democracia también debe alcanzar a los gremios”.
La CGT podría pronunciarse en los próximos días. Se espera una conferencia conjunta. No se descarta un documento oficial. Algunos dirigentes buscan el diálogo. Otros ya hablan de movilización. Todo depende de cómo avance la comisión.
La agenda sindical se mueve. Los proyectos no tienen aún fecha de votación. Pero la presión crece. Las calles, los pasillos del Congreso y las redes sociales ya vibran con el tema.
Los gremios saben que la batalla será larga. La política también. Pero esta vez el foco no está en los empresarios. Está dentro del propio sindicalismo. Eso cambia el mapa. Y altera todos los equilibrios.
Diputados dio el primer paso. Ahora empieza la discusión real. El sindicalismo argentino enfrenta una interpelación profunda. Sus dirigentes también. Nadie queda fuera del debate.
La reforma sindical vuelve a escena. Ya no es solo un proyecto. Es una señal. La democracia avanza. Y toca donde antes no podía tocar. Las bases, mientras tanto, esperan su turno para hablar.
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