Inquilinos al límite: salarios enteros para pagar el alquiler
El precio de los alquileres en Chubut empuja a familias trabajadoras a vivir endeudadas o hacinadas. Pamela Demes, referente del Sindicato de Inquilinos, advirtió que cada vez más personas abandonan viviendas por aumentos imposibles de sostener. “Esto es un desalojo silencioso”, señaló durante una entrevista con #MODO17.
La falta de regulación permite abusos que van desde valores desproporcionados hasta condiciones indignas. “Recibimos casos de personas que pagan $500.000 por una habitación con humedad y hongos”, relató Demes. La situación se agrava porque muchas viviendas no cuentan con servicios básicos ni están registradas legalmente.
Menos del 1% de las propiedades alquiladas están registradas con factura en ARCA. Según datos comparativos entre el censo y la recaudación fiscal, la informalidad domina el mercado. La mayoría de las inmobiliarias tampoco entregan comprobantes y operan sin control.
OTRAS NOTICIAS:
Pamela Demes dijo que desde el sindicato exigen políticas que contemplen la situación real de quienes destinan el 70% de sus ingresos a sostener un techo. “No se puede alquilar algo en malas condiciones al mismo precio que una casa equipada en el centro”, insistió.
Demes explicó que los contratos hoy exigen ingresos cinco veces superiores al monto del alquiler. “Eso es imposible de cumplir para cualquier trabajador”, expresó. Esta exigencia impide el acceso a la vivienda y fomenta la exclusión habitacional.
OTRAS NOTICIAS:
El sistema genera una deuda constante que afecta la alimentación, la salud y la educación de las familias. Las tarjetas de crédito se usan para comer mientras el salario completo se destina al alquiler. A eso se suman cortes de servicios como internet o gas para reducir gastos.
El Sindicato de Inquilinos lanzó un servicio gratuito de asistencia en toda la provincia. Se trata del SARA (Servicio de Acompañamiento a las Relaciones de Alquiler), que orienta a quienes sufren abuso o necesitan asesoramiento. Funciona de forma virtual y busca suplir la ausencia del Estado.
OTRAS NOTICIAS:
Demes insistió en que no se trata de un problema de mercado sino de un problema social profundo. “El derecho a la vivienda está consagrado en normas nacionales e internacionales, pero no se garantiza”, remarcó.
Los jubilados también integran el grupo más afectado. Con ingresos de $300.000 deben pagar alquileres de igual o mayor valor, más medicamentos y alimentos. Muchos terminan desalojados y sin alternativas.
Los barrios periféricos concentran alquileres en viviendas que surgieron de asentamientos y aún carecen de servicios. Allí también se cobran cifras similares a las zonas céntricas. “El precio no distingue condiciones ni ubicación”, denunció Demes.
OTRAS NOTICIAS:
Los datos preliminares de una encuesta del sindicato revelan que la mayoría de las familias se endeuda para sostener el alquiler. Muchos deben optar entre pagar el techo o llenar la heladera.
La especulación y la informalidad marcan el pulso del mercado inmobiliario en la provincia. No hay control sobre los contratos ni penalidades por no emitir factura. La única alternativa para muchos es ceder o irse.
El SARA ya atiende casos de familias desalojadas, viviendas inhabitables y aumentos ilegales. Demes pide que el Estado intervenga con firmeza para evitar que el acceso a la vivienda siga siendo un privilegio. “No se puede dejar todo en manos del mercado”, concluyó.
OTRAS NOTICIAS:
Desde la audiencia, las respuestas no tardaron en llegar. Mensajes alertaron sobre la imposibilidad de exigir factura sin que el alquiler aumente inmediatamente. La sensación de indefensión atraviesa todas las edades, profesiones y niveles de ingreso.