

Desde hace más de tres meses, Lázaro Báez permanece alojado en la Unidad Penitenciaria N°15 de Río Gallegos. El empresario santacruceño, condenado por lavado de dinero agravado en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, pasó de la prisión domiciliaria a una celda común el 11 de junio de este año.


Hasta 2022, Báez había permanecido bajo arresto domiciliario en una casa de El Calafate, controlado por una tobillera electrónica. Su traslado se dispuso después de que el Tribunal Oral Federal 4 considerara que, con la condena ya firme, correspondía que cumpliera la sentencia en una cárcel común. El juez Néstor Costabel sostuvo que “se ha tornado operativo su cumplimiento” y rechazó los planteos de la defensa.
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El cambio de régimen carcelario abrió un nuevo capítulo judicial. Los abogados del empresario, de 68 años, insisten en que sus problemas de salud lo colocan en una situación de riesgo dentro de la U15. Báez padece hipertensión, diabetes mellitus y asma, condiciones que, según la defensa, se ven agravadas por las características del lugar donde se encuentra detenido.
“La situación en la que está es desesperante, comparte un baño con otras 10 personas, es diabético, asmático, no socializa”, relató su abogada Yanina Nicoletti. La letrada recordó que el empresario sufrió un cuadro respiratorio poco después de ingresar al penal y debió ser trasladado al Hospital de Río Gallegos.
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El recurso presentado por la defensa describe un panorama de precariedad en la celda que ocupa Báez. El escrito advierte sobre filtraciones en el techo, instalaciones sanitarias incompletas, escasa ventilación y la falta de luz natural. También se menciona que la comida llega en mal estado y a menudo fría.
El pasado 29 de agosto, Nicoletti elevó un pedido de casación reclamando que se le otorgue nuevamente la prisión domiciliaria. El planteo busca que Báez continúe cumpliendo la condena en condiciones que, según sus abogados, resulten compatibles con su salud.
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Este viernes se convertirá en una fecha decisiva, ya que vence el plazo para que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal emita su fallo. El tribunal está integrado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes deberán evaluar los argumentos presentados.


















