Diputados podría sesionar esta semana por los cambios en la ley de DNU

Política28/09/2025REDACCIÓNREDACCIÓN
Cámara de Diputados
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La oposición confirmó su intención de sesionar para tratar los cambios en la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un tema que podría significar una dura derrota parlamentaria para el oficialismo. Desde la Casa Rosada ya adelantaron que, de prosperar, el presidente Javier Milei recurrirá al veto, lo que convierte a este debate en una pulseada abierta por el control institucional.

La confirmación de la sesión surgió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando legisladores opositores advirtieron que “es muy probable” que el recinto se habilite el 1 de octubre. Sin embargo, entre las negociaciones parlamentarias también comenzó a sonar la fecha del 8 de octubre como alternativa. La oposición quiere asegurarse el tiempo suficiente para insistir con la norma antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la conformación del Congreso.


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El proyecto central establece que los DNU pierdan validez con el rechazo de una sola de las Cámaras, a diferencia de lo que ocurre hoy, que exige el rechazo de ambas. Además, fija un plazo de 90 días para que cada decreto sea ratificado por mayoría absoluta, e incorpora la obligación de limitarse a una materia específica. De aprobarse, el Congreso recuperaría herramientas de control directo sobre un instrumento que en los últimos meses fue usado por el Ejecutivo con amplio alcance.

La oposición está integrada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda, Democracia y un sector del PRO. En los pasillos del Congreso aseguran que, de aprobarse esta iniciativa, Milei no tendría más opción que vetarla, y ahí comenzaría otra batalla: la insistencia legislativa. “Si logran sostener el esquema actual, el Presidente seguirá gobernando por decreto y el Congreso perderá peso real”, señaló un diputado que impulsa el cambio normativo.


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El temario de la sesión incluiría también proyectos impulsados por los gobernadores, como la modificación en el reparto del impuesto a los combustibles líquidos y la insistencia en la ley de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). En este último caso, el Senado ya dio el visto bueno y solo resta que Diputados ratifique. El Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, intenta abrir un canal de diálogo con los mandatarios provinciales para frenar la presión.

Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos tiene previsto dictaminar sobre el tema el próximo martes. La expectativa es alta porque de allí surgirá la versión definitiva del proyecto que llegará al recinto. La intención opositora es ajustar las reglas de juego y condicionar la capacidad del Gobierno de gobernar por decreto.


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El contexto internacional también se metió en la discusión. Los organismos de crédito que mantienen diálogo con la Casa Rosada pidieron señales de estabilidad política y un marco institucional más amplio para sostener las reformas. En ese marco, algunos gobernadores se mostraron permeables a dialogar con el Ejecutivo, aunque dejaron en claro que cualquier avance se postergará hasta después de las elecciones.

Entre los temas complementarios, varios bloques opositores presionan para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la reglamentación de la Ley de Discapacidad, cuya aplicación se volvió impracticable. Además, buscan emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para definir un cronograma de trabajo que impida al oficialismo suspender el debate del Presupuesto 2026, como ocurrió en 2024.


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La Casa Rosada, por su parte, sostiene que el acuerdo con Estados Unidos y el respaldo de Donald Trump fortalecieron la imagen de Milei y ayudaron a contener la inestabilidad en los mercados. Sin embargo, puertas adentro, el oficialismo reconoce que los números en el Congreso son ajustados y que dependerán de negociaciones a último momento para evitar que la oposición avance con proyectos incómodos.

Fuente: Infobae.

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