
Firme reclamo de gobernadores de provincias petroleras sobre YPF en la previa de la cumbre en Madryn
Actualidad29/09/2025
REDACCIÓN
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a sus pares de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, se presentó este lunes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py. Los mandatarios se constituyeron como querellantes en la causa que investiga el ingreso del Grupo Petersen a YPF en 2007, operación que dio origen al multimillonario litigio internacional por la expropiación de la petrolera.


Desde Buenos Aires, Torres destacó la decisión política de las provincias productoras de intervenir directamente en el expediente. “Las provincias petroleras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece”, señaló. Además, anticipó que si el avance judicial lo requiere, acudirán al Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedir la suspensión de la acción civil hasta que se resuelva la causa penal en Argentina.
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El mandatario explicó que la operación que permitió al grupo Eskenazi adquirir el 25% de las acciones de YPF se realizó con financiamiento sobre dividendos futuros, situación que luego desembocó en la venta del juicio a Burford Capital tras la quiebra de Petersen. “Ante esta locura, tenemos que hacer causa común y los gobernadores nos vamos a poner al frente de esta discusión para defender YPF y también lo que es propiedad de las provincias productoras”, afirmó.
En paralelo a la querella penal, Chubut presentó un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El objetivo es remarcar que el fallo de la jueza Loretta Preska, que condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, no consideró que las provincias también son accionistas de YPF y que solo pueden embargarse bienes del Estado nacional.
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El conflicto se originó en 2007, cuando el grupo Petersen, liderado por Enrique Eskenazi, adquirió un 25% de YPF a Repsol. En 2012, el Congreso argentino sancionó la ley de expropiación del 51% de las acciones para devolverle al Estado el control de la compañía. La indemnización a Repsol se cerró en 2014 con un pago de 5.000 millones de dólares.
Años más tarde, Burford Capital compró los derechos litigiosos durante el proceso de quiebra del grupo Petersen y demandó al Estado argentino en Nueva York. En 2023, la jueza Preska resolvió que el país había incumplido el estatuto de la empresa y en 2025 llegó a ordenar la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte de pago. La medida fue suspendida provisoriamente por la Corte de Apelaciones.
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El reclamo de las provincias se enmarca en la defensa de su participación accionaria y busca frenar posibles embargos sobre activos que consideran propios. La estrategia de los gobernadores apunta a instalarse como actores centrales en un proceso que aún mantiene en vilo el futuro de la mayor empresa energética del país.




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