Crearon la “Categoría Social” en la Cooperativa y suspenden por 60 días el último aumento

En una sesión marcada por la tensión en el recinto, el Concejo Deliberante de Rawson aprobó este miércoles la creación de la “Categoría Social” en la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Ltda., destinada a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y vecinos en situación de vulnerabilidad social. La medida fue acompañada de manera unánime por los diez concejales y contempla un régimen de subsidios sobre servicios básicos como energía, agua y cloaca.

El proyecto, presentado durante la Hora de Preferencia de la décimo quinta sesión, fue impulsado en conjunto por todos los bloques políticos y defendido en el recinto por el concejal Juan Flores Revillot, quien destacó la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables frente al fuerte aumento de tarifas. La norma también establece la suspensión por 60 días de la Ordenanza N° 9281, que había aprobado la última suba a principios de septiembre.

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El debate estuvo atravesado por reclamos de vecinos que exigían la derogación de la ordenanza tarifaria. La presencia de manifestantes generó momentos de tensión y obligó al presidente del Concejo, Dulio Monti, a pedir en varias oportunidades respeto hacia los oradores. En medio del cruce, la edil libertaria Ester Luque intentó desligarse de la responsabilidad por los aumentos, recibiendo críticas del oficialismo. Desde Unión por la Patria, Federico González apoyó la suspensión del incremento y señaló como responsables de la crisis al interventor de la Cooperativa y a la Justicia Federal.

La ordenanza establece que la nueva categoría garantizará el acceso a los servicios básicos mediante un subsidio del 50% en las tarifas, con topes de 300 kWh mensuales en energía eléctrica, 25 m³ de agua potable y el servicio básico de cloaca. El beneficio será personal y no retroactivo, aplicándose a medida que los interesados acrediten la documentación correspondiente.

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Para acceder, los solicitantes deberán ser usuarios titulares con residencia en el domicilio, poseer un único medidor, acreditar su condición de jubilado, pensionado o persona vulnerable, presentar una declaración jurada de ingresos no superiores a dos salarios mínimos más zona desfavorable, no tener facturas vencidas previas al 1 de agosto y presentar documentación respaldatoria como recibos de haberes o certificación negativa de ANSES.

Con esta aprobación, el Concejo busca dar una respuesta inmediata a los reclamos sociales generados por el último aumento en la tarifa de energía y avanzar hacia una política de protección para los sectores más afectados por la crisis económica.