La Comisión de Juicio Político iniciará el proceso contra Julieta Makintach

La Comisión de Juicio Político de la provincia de Buenos Aires confirmó que el 6 de noviembre comenzará el proceso contra la jueza Julieta Makintach, señalada por su presunta participación en la grabación del documental Justicia Divina. La magistrada, actualmente suspendida, denunció ser víctima de persecución política y cuestionó la celeridad con la que se impulsa el procedimiento.

Makintach expresó su malestar por la falta de resolución de distintos planteos pendientes. “La velocidad que intentan darle a este proceso político no puede avasallar las garantías mínimas. Falta un miembro del jurado, hay una recusación pendiente y un recurso de inaplicabilidad de ley. Se ve el apuro, pero en un Estado de Derecho esto no sería posible”, sostuvo la jueza.

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El jury se lleva adelante luego del apartamiento preventivo dispuesto por la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, que suspendió a Makintach mientras el gobernador Axel Kicillof analizaba su renuncia. Su abogado, Darío Saldaño, calificó la medida como “excesiva e injustificada”, insistiendo en que su defendida no cometió ninguna irregularidad funcional.

En paralelo, continúa la causa penal en el fuero de San Isidro, a cargo de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes investigan a Makintach por cohecho pasivo, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, violación de deberes y peculado de servicios. Según el expediente, la jueza habría impulsado el proyecto audiovisual Justicia Divina con el objetivo de obtener beneficios económicos vinculados a su actuación en el expediente “Maradona”.

También fueron imputados José María Arnal Ponti, propietario de la productora Ladoblea S.A.; el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio; y María Lía Vidal Alemán, amiga de Makintach, quien habría propuesto la idea original del documental. Entre las medidas ordenadas, el juez Esteban Rossignoli dispuso el secuestro de dos computadoras de la oficina de la magistrada, correspondientes a discos rígidos Hikvision y Seagate Barracuda, considerados claves para la investigación.

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Makintach, por su parte, lanzó una contraofensiva judicial con pedidos de nulidad, recusaciones a los fiscales y denuncias por presunto espionaje ilegal y manipulación mediática. La jueza insiste en que el registro audiovisual cuestionado no fue clandestino y contaba con conocimiento institucional.

A fines de agosto, la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento aprobó por unanimidad la admisibilidad de la acusación, lo que derivó en la suspensión de Makintach, que pasó a percibir el 40% de su salario y quedó imposibilitada de formalizar su renuncia. Con el proceso político y penal en marcha, la causa se encamina hacia un escenario judicial de alta exposición y fuerte repercusión institucional.