La ONU avala la licitación de la vía navegable troncal y fortalece la apuesta del gobierno por la hidrovía

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo presentó un informe que respaldó de forma amplia la licitación para la concesión de la Vía Navegable Troncal, al considerar que los requisitos técnicos y económicos se ajustan a estándares internacionales y permiten una competencia sólida entre actores del sector. El documento se entregó en el marco del Memorándum de Entendimiento con la Agencia Nacional Portuaria y de Navegación y marcó un punto favorable para el Gobierno en un proceso seguido de cerca por la región.

El análisis revisó aspectos operativos, mecanismos de control y condiciones del mercado, y señaló que empresas como Jan de Nul, DEME, Boskalis y Van Oord cuentan con capacidad real para competir por el contrato de dragado. El organismo también indicó que otras firmas podrían presentar ofertas asociadas para ampliar su alcance y cumplir con las demandas del proyecto.

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Si bien el informe reafirma el enfoque general del proceso licitatorio, UNCTAD recomienda ajustes en temas vinculados a intervenciones de interés público, ampliación de la experiencia técnica exigida a los oferentes y mayor precisión sobre el funcionamiento del fideicomiso que administrará los recursos. El organismo sugirió además combinar evaluación técnica y económica para garantizar que el pliego mantenga estándares altos de calidad.

En sus observaciones, la entidad remarcó el valor estratégico de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula más del 80% del comercio exterior argentino y que funciona como corredor clave para Paraguay, Bolivia, Uruguay y parte del sur de Brasil. Para mejorar la transparencia operativa, recomendó crear una Sociedad de Propósito Específico que permita ordenar la gestión y fortalecer la fiscalización.

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El documento propone inversiones rápidas en tecnología, sistemas de ciberseguridad y monitoreo permanente de dragado, balizamiento y salvamento, con el objetivo de evitar fallas que afecten el flujo comercial y mantener estándares homogéneos sobre todo el trazado. La entidad planteó que este esquema facilitaría la supervisión y reduciría tensiones futuras entre las partes.

En su tramo final, el informe respalda el modelo económico planteado por el Gobierno y advierte que las primeras etapas exigirán más de 420 millones de dólares para modernizar infraestructura, equipos y sistemas de navegación. Con ese aval, la administración nacional suma apoyo técnico y político en un proyecto que busca ordenar el transporte fluvial y atraer competidores de peso al mercado del dragado.