Comisión Libra apela la decisión judicial que limita la potestad de control del Congreso
Política15/10/2025
Sergio Bustos
Comisión $Libra en el Congreso.
La Comisión investigadora de la criptoestafa Libra presentó un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Federal Nº 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que rechazó la utilización de la fuerza pública para asegurar la comparecencia de funcionarios del Gobierno citados a declarar. Entre ellos se encuentra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
El fallo fue interpretado por la oposición como un freno a las facultades constitucionales del Congreso. La apelación busca revertir esta decisión y reafirmar que el Parlamento tiene la potestad de controlar e investigar sin condicionamientos de otros poderes.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, citó el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso la facultad de ejercer control político. “No puede quedar vaciada de eficacia por una interpretación judicial que niegue toda cooperación al órgano legislativo”, afirmó.
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Ferraro también advirtió que el fallo “desconoce la autonomía del Poder Legislativo y pretende subordinar una comisión parlamentaria a criterios propios del Poder Judicial”. Para la oposición, este escenario no es meramente administrativo, sino un tema de división de poderes y responsabilidad democrática.
La comisión investiga una de las estafas financieras más resonantes de los últimos años, vinculada a la plataforma Libra, que dejó miles de damnificados y un circuito de operaciones con criptomonedas todavía bajo análisis judicial y legislativo. El objetivo es esclarecer el rol de funcionarios y organismos estatales que habrían tenido participación o conocimiento de las maniobras.
En la apelación, los legisladores sostienen que la decisión del juez no implica medidas penales ni sanciones, sino que busca garantizar que los citados asistan a dar explicaciones en el marco de una investigación parlamentaria, una práctica habitual en democracias consolidadas.
“Un magistrado no puede limitar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para investigar”, expresaron en el escrito. Según remarcan, la obligación de comparecer no depende de la voluntad política de los funcionarios, sino de la naturaleza pública de los hechos investigados y del interés institucional en juego.
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El conflicto podría escalar. Ferraro adelantó que no descartan recurrir a la Corte Suprema si la Cámara no revierte la decisión. El objetivo es garantizar el pleno ejercicio del control legislativo, incluso cuando haya resistencia desde el Ejecutivo o trabas judiciales.
“El Congreso no investiga por capricho, tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”, subrayó el diputado de la Coalición Cívica.
Mientras tanto, el clima político en torno a la Comisión Libra se vuelve más áspero. Desde el oficialismo, algunos sectores minimizan el conflicto y acusan a la oposición de utilizar la investigación con fines políticos. En la vereda contraria, los legisladores opositores sostienen que se trata de defender prerrogativas constitucionales básicas para el funcionamiento republicano.
La disputa entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial abre un debate profundo sobre los límites y alcances del control político en Argentina. La apelación de la Comisión Libra será un caso testigo en esa discusión.
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