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En una jornada que marcó un nuevo capítulo en el millonario juicio por la expropiación de YPF, la Corte de Apelaciones de Nueva York celebró este martes la audiencia en la que la República Argentina defendió su apelación contra el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 condenó al país a pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares. La defensa del Estado estuvo encabezada por los subprocuradores del Tesoro Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, acompañados por un equipo de abogados liderado por Robert Giuffra, del estudio Sullivan & Cromwell.
La sesión tuvo lugar en la sala 1703 del histórico edificio Thurgood Marshall, en el sur de Manhattan, colmada por casi doscientos asistentes entre abogados, asesores y observadores internacionales. Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson interrogaron con rigor a ambas partes sobre los ejes centrales del expediente: la jurisdicción aplicable al caso, la naturaleza de las obligaciones estatutarias de YPF y la legalidad del monto indemnizatorio fijado por Preska.
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Giuffra centró su exposición en tres puntos principales: la aplicación del derecho público argentino, las normas del derecho privado societario y la metodología del cálculo de daños. Según explicó, “la Corte de distrito inventó un remedio sin precedentes no autorizado por la ley argentina” y subrayó que los reclamos de los demandantes “son exclusivamente de derecho argentino”. El abogado insistió en que el tribunal estadounidense no debía haber tomado el caso, ya que todos los elementos en disputa —desde la expropiación hasta las reglas de la compañía— se rigen por la legislación local.
Los magistrados también plantearon preguntas sobre el principio de “forum non conveniens”, que permite determinar si un litigio debe juzgarse en otro país. Giuffra sostuvo que Buenos Aires es el foro natural para dirimir el conflicto, dado que tanto el acto de expropiación como las obligaciones estatutarias de YPF ocurrieron en territorio argentino. “Este caso nunca debió resolverse en una corte estadounidense”, concluyó el representante de la Argentina, al considerar que la sentencia de Preska implicó una “injerencia indebida” en la soberanía jurídica nacional.
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Por su parte, Paul Clement, abogado del fondo Burford Capital, defendió la decisión del tribunal de primera instancia y argumentó que la demanda se basa en “un incumplimiento contractual” y no en un acto soberano. “Argentina se negó a cumplir con las obligaciones estatutarias, incumpliendo un contrato”, afirmó, al tiempo que calificó como “irrelevante” el hecho de que los accionistas representados no hubieran sufrido una expropiación directa.
Clement además justificó la elección del foro estadounidense en función de riesgos procesales en Argentina, al sostener que existía el “temor fundado” de que los abogados demandantes “fuesen perseguidos penalmente por intentar ejecutar un fallo extranjero”. Los jueces cuestionaron esa afirmación y pidieron precisiones sobre la idoneidad de la jurisdicción norteamericana para un caso eminentemente argentino, lo que puso en tensión los argumentos de Burford.
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La audiencia, que se extendió por casi dos horas, fue seguida de cerca por el Gobierno argentino, que expresó optimismo respecto del desempeño de su defensa. “Somos muy optimistas, lo podemos dar vuelta”, señalaron fuentes oficiales tras el cierre del debate oral. El mercado pareció compartir esa percepción: las acciones de Burford Capital cayeron casi un 10 % al finalizar la sesión en Nueva York, interpretando el tono de los jueces como desfavorable al fondo litigante.
El caso, iniciado tras la expropiación de YPF ordenada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta al Estado argentino con Burford, un fondo británico que adquirió los derechos de litigio de antiguos accionistas de la petrolera. El fallo de Preska, considerado uno de los más elevados jamás dictados contra un Estado soberano en Estados Unidos, es ahora objeto de revisión por parte del tribunal de apelaciones.
Al cierre de la audiencia, la jueza Robinson, con un gesto distendido, comentó: “Uff, terminamos”, marcando el fin de una jornada intensa que podría redefinir la historia judicial del caso YPF. La Corte de Nueva York no tiene un plazo determinado para pronunciar su sentencia, aunque se estima que el fallo podría conocerse durante el transcurso de 2026, con consecuencias económicas y diplomáticas de alto impacto para la Argentina.
Fuente: Infobae
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