Presupuesto 2026: leve mejora en educación pero la inversión continúa en mínimos históricos

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado en el Congreso contempla un incremento del 23% en los recursos asignados a la función “Educación y Cultura”, lo que equivale a 6,8 billones de pesos a precios de 2025. Según las proyecciones oficiales, el crecimiento real oscilaría entre 4,4% y 8%, dependiendo de la inflación que finalmente se registre. Sin embargo, la inversión educativa nacional seguirá representando apenas el 0,75% del PIB, una proporción que por tercer año consecutivo se mantiene por debajo del 1%, algo inédito en más de una década.

El análisis surge del informe “Presupuesto educativo nacional 2026”, elaborado por Argentinos por la Educación. Allí se advierte que la inversión nacional alcanzó su punto máximo en 2015 con el 1,59% del PIB y desde entonces cayó de forma sostenida, llegando al 0,86% en 2024 y con proyecciones del 0,73% para 2025. El documento subraya además que el proyecto oficial deroga el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, que exigía destinar el 6% del PIB a educación entre Nación y provincias, una meta que “solo se cumplió en 2015”, según sus autores.

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El economista Santiago Bulat analizó el contexto y expresó que “es una gran noticia que, tras el ajuste de shock inicial, empiece una etapa de priorización de áreas estratégicas. Pero siempre sigue siendo más importante el cómo que el cuánto. Los resultados en materia educativa vienen declinando hace años, y el foco debe estar en articular Nación y provincias”.

De acuerdo con el informe, la inversión nacional representa aproximadamente el 25% del gasto educativo total, mientras que el 75% restante depende de las provincias. “La programación presupuestaria para 2026 sugiere el inicio de una posible reversión del profundo ajuste de los últimos años”, señaló Javier Curcio, coautor del trabajo. A su vez, planteó que “es imprescindible recuperar el consenso político y social en torno a la asignación estable y prioritaria de recursos para la educación con legitimidad parlamentaria”.

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Entre las jurisdicciones con mayores incrementos previstos, la Secretaría de Educación ocupa el cuarto lugar, con una suba del 17,9% respecto a 2025. Solo la cartera de Desregulación y Transformación del Estado (78,9%), las Obligaciones del Tesoro (30,6%) y otras áreas del Ministerio de Capital Humano (20,1%) recibirán aumentos superiores.

El presidente del IERAL, Osvaldo Giordano, sostuvo que “el presupuesto 2026 refleja una dinámica de transición. La prioridad es mantener el equilibrio fiscal y mejorar resultados. En ese sentido, eliminar el piso de inversión educativa es positivo, porque distraía la atención de los verdaderos déficits de gestión”.

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Dentro del presupuesto educativo, las universidades nacionales absorberán el 77% de los recursos de la Secretaría de Educación, a través del programa “Desarrollo de la Educación Superior”. En segundo lugar se ubica el “Plan Nacional de Alfabetización” con el 9,2%, seguido por el “Programa de Becas a Estudiantes” con el 5,8%. Según el documento, el gasto en educación obligatoria y superior no universitaria representa solo el 14,6% del total.

Eduardo Amadeo, ex diputado nacional, afirmó que “el Presupuesto 2026 muestra una opción política por la educación al ubicarla entre las áreas con mayor incremento de fondos. La nueva situación política abre una oportunidad para discutir cambios estructurales y fortalecer el papel de la Universidad como herramienta de equidad”.

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En cuanto al Plan Nacional de Alfabetización, el 82% de sus fondos se destinarán a ampliar la jornada extendida, aunque se mantendrán líneas de formación docente y producción de materiales. Para Jorge Lo Cascio, economista y docente, “la caída de la inversión en infraestructura y equipamiento, del 63% en términos nominales, profundiza desigualdades y reduce las posibilidades de lograr una alfabetización digital acorde al siglo XXI”.

Finalmente, Juan Ignacio Doberti, investigador de la UBA, sostuvo que “el informe expone la consolidación del desfinanciamiento educativo. El Estado restringe su rol a sostener a las universidades, abandonando políticas de educación básica en infraestructura, formación docente e innovación tecnológica”.