El gobierno pone fin a los “proveedores eternos” del Estado y busca cortar los negocios del “legítimo abono”

El presidente Javier Milei prepara un paquete de medidas para terminar con los llamados “proveedores eternos” del Estado, empresas que durante años mantuvieron contratos prorrogados mediante la figura del “legítimo abono”, un recurso administrativo excepcional que se volvió norma en numerosos organismos públicos.

El “legítimo abono” nació en la crisis del 2001 como una herramienta para reconocer pagos por servicios efectivamente prestados y evitar el “enriquecimiento sin causa” en medio de la emergencia financiera. Sin embargo, esa excepción terminó convertida en un atajo habitual para sostener contratos sin adjudicación formal, especialmente en áreas donde no se pueden interrumpir los servicios, como hospitales, comedores o dependencias estatales.

Auditorías internas revelaron que, en distintos ministerios, las licitaciones se convocan pero no se adjudican a tiempo, lo que genera continuidades de hecho con los mismos prestadores. Según fuentes sindicales de UPCN, esta práctica es común en sectores técnicos y productivos, y afecta rubros como mantenimiento, seguridad, limpieza y catering.

Uno de los casos más emblemáticos es el de La Mantovana/GRUB, una firma que concentra contratos de mantenimiento en varias dependencias nacionales y que, según informes judiciales, opera de manera recurrente bajo la modalidad del “legítimo abono”. En 2024, la empresa fue denunciada por evasión previsional y por violaciones a normativas laborales, con causas abiertas en la Secretaría de Trabajo y la Agencia de Recaudación (ARCA).

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Desde la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) alertaron que una porción significativa de las contrataciones públicas se realizan fuera de los procesos competitivos, en clara contradicción con los decretos 1023/01 y 1030/16 que regulan la materia. Este esquema, advierten, permite mantener proveedores por años sin competencia real, con precios que se actualizan discrecionalmente y sin control efectivo.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) inició actuaciones preliminares para evaluar la legalidad de estos pagos reiterados, con el objetivo de detectar si existe un patrón estructural de irregularidades. En algunos organismos, las auditorías determinaron que más del 20% del gasto en limpieza corresponde a pagos por “legítimo abono”, con un reducido grupo de empresas concentrando buena parte del presupuesto estatal.

Fuentes del Ministerio de Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, reconocen que el uso de este mecanismo responde más a la inercia y a la falta de coordinación administrativa que a emergencias reales. “El Estado paga más caro por no decidir a tiempo”, admiten.

El nuevo plan gubernamental busca resolver impugnaciones pendientes, estandarizar matrices de evaluación y transparentar los cronogramas de adjudicación, con el propósito de restablecer la competencia y reducir costos. También se reforzará la trazabilidad de los contratos y se exigirá rendición de cuentas cruzada entre organismos.

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Desde la Casa Rosada aseguran que Milei y Sturzenegger quieren romper con la cultura de inercia administrativa heredada de los gobiernos kirchneristas. “La decisión de poner fin a los ‘legítimos abonos en serie’ no solo reducirá costos y riesgos, sino que además fortalecerá la credibilidad del Ejecutivo frente a la ciudadanía”, expresaron funcionarios al tanto de las reformas.

El objetivo es transformar el sistema de contrataciones públicas en un modelo más eficiente, auditable y competitivo, donde cada peso tenga un destino verificable. En ese proceso, la orden presidencial es clara: transparencia, control y fin de los privilegios históricos.