La CGT busca recuperar influencia económica y marcar límites al Gobierno en la reforma laboral

La reciente renovación de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) no solo redefine nombres dentro de la central obrera: marca un intento de reconfigurar su rol como interlocutor económico frente al Gobierno de Javier Milei. El nuevo triunvirato, integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, buscará reposicionar al movimiento obrero en el centro de la discusión nacional sobre empleo, inflación y poder adquisitivo.

En el diagnóstico sindical, la situación es clara: la caída del salario real y la recesión golpean el consumo y la actividad, y cualquier intento de flexibilización laboral sin recuperación económica sería, según plantean, “una bomba social”. Por eso, la nueva CGT quiere presentar una agenda de estabilidad y diálogo que frene las políticas que puedan debilitar derechos laborales o desfinanciar a las obras sociales.

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A diferencia de gestiones anteriores, esta conducción pretende dar protagonismo a las comisiones técnicas que elaborarán un documento económico con propuestas concretas. El objetivo es salir del lugar de oposición discursiva y convertirse en un actor que negocie medidas de política productiva. Esa mirada se refuerza con el peso de los sectores que integran el triunvirato: servicios, industria y transporte, tres áreas que concentran buena parte del empleo formal.

En este contexto, la CGT sabe que necesita legitimidad interna. “La unidad no es una foto, es un proceso”, dijo un dirigente del sector industrial consultado por LU17. La idea es que esa unidad se traduzca en una mesa de decisiones que represente tanto a los gremios históricos como a las nuevas generaciones sindicales.

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El cambio también responde a una lectura más amplia del mapa político. Con un Congreso dividido y un Gobierno que busca avanzar con reformas estructurales, la CGT intenta recuperar la gravitación que tuvo en otros momentos de tensión económica. No se trata solo de resistir, sino de poner condiciones. En ese sentido, los gremialistas insisten en que cualquier revisión de convenios debe tener “fundamento económico y no ideológico”.

La reacción de los gobernadores peronistas fue inmediata: varios expresaron respaldo a la conducción unificada y coincidieron en que la central puede actuar como contrapeso social en un escenario de ajuste. Esa red de vínculos políticos será clave para incidir en el debate legislativo que se avecina sobre el mercado de trabajo y la negociación colectiva.

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El mensaje al Ejecutivo fue explícito. “La CGT está dispuesta a discutir, pero no a retroceder”, repiten sus voceros. En los despachos de la central aseguran que no existe una negativa cerrada a la modernización laboral, pero sí a que la ecuación final recaiga sobre los trabajadores.

Con el telón de fondo de una economía que no logra estabilizarse, el sindicalismo intenta recuperar su función histórica de articulador entre política y producción. En la visión de los nuevos dirigentes, sostener el poder adquisitivo y reactivar el mercado interno son condiciones indispensables para cualquier reforma sostenible.

Fuente: NA, Ámbito, Clarín