
Denuncian un colapso inminente en las instituciones que atienden a personas con discapacidad
Actualidad09/11/2025
REDACCIÓN
Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), advirtió que las instituciones del sector atraviesan un momento “de gravedad extrema” debido al congelamiento de los valores regulados por el Estado y la demora en los pagos de obras sociales y prepagas. Según afirmó, el sistema “se sostiene a pulmón” y muchas entidades están al borde del cierre.


En declaraciones radiales, Goldman explicó que “los aranceles están congelados desde diciembre de 2024” y que el reciente anuncio de una suba del 35% “llega tarde y es totalmente insuficiente frente a un atraso superior al 70%”. El dirigente señaló que las instituciones, transportistas y profesionales que trabajan con personas con discapacidad no pueden afrontar los costos básicos de funcionamiento, desde alimentos hasta servicios esenciales.
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“Los centros de día, los hogares y las escuelas terapéuticas están quebrando. Hay entidades que apelan a la caridad para pagar la luz o comprar comida. El 20% de las instituciones de la provincia de Buenos Aires ya cerraron”, detalló. La situación se agrava por la burocracia en los pagos, ya que los prestadores facturan a mes vencido y cobran recién a los 90 días, lo que genera un desfasaje que impide sostener los servicios.
Goldman también se refirió a la precarización de los profesionales que trabajan en el sistema. “Un terapista o psicólogo cobra 12 mil pesos por sesión, y un transportista 540 pesos por kilómetro. Así es imposible sostener la atención. Muchos abandonan sus puestos y las personas con discapacidad quedan sin rehabilitación ni traslados”, expresó.
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El referente cuestionó la falta de respuestas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, que regula los aranceles y coordina la política pública del área. “ANDIS debería actualizar los valores y aplicar la ley de emergencia en discapacidad, que ya fue promulgada. Lo único que pedimos es que se cumpla la ley”, sostuvo con firmeza.
Otro punto crítico es la baja masiva de pensiones por discapacidad, que según Goldman supera las 1.100 en los últimos meses. Además, advirtió que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé la eliminación de 197.000 pensiones más, sin auditorías previas. “Es absurdo: no se puede dar de baja algo que ni siquiera fue evaluado”, afirmó.
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El sector presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana, solicitando que se ordene al Estado aplicar la ley de emergencia vigente y actualizar los valores para garantizar la continuidad de la atención. “Tenemos esperanza en que la Justicia intervenga. No pedimos nada extraordinario, solo que se respeten los derechos de las personas con discapacidad”, concluyó.
Fuente: NA.




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