Santa Cruz quiere revertir la baja contratación local y endurece controles sobre empresas foráneas

La falta de empleo local en sectores estratégicos volvió a encender las alarmas en Santa Cruz. Los últimos relevamientos oficiales confirmaron que la mayoría de los trabajadores que se desempeñan en obras y servicios dentro de la provincia provienen de otras jurisdicciones, lo que motivó una nueva etapa de controles para garantizar el cumplimiento de la Ley 90/10, que exige que al menos el 90% del personal contratado sea santacruceño.

Según datos recopilados por organismos provinciales, menos del 40% de los empleados relevados tienen residencia estable en Santa Cruz, mientras que un 20% transita regularmente entre Chubut y el norte provincial. Esa situación afecta especialmente a los rubros vinculados con la energía, la minería y los servicios contratistas, donde las empresas recurren con frecuencia a personal foráneo.

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La normativa, sancionada hace más de una década, apunta a fortalecer la economía regional y asegurar que las oportunidades laborales generadas por la actividad productiva beneficien prioritariamente a los habitantes de la provincia. Sin embargo, el Gobierno provincial considera que su cumplimiento sigue siendo parcial y que se requiere una acción más firme de control.

Los equipos técnicos del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de la Producción trabajan en el cruce de datos laborales y fiscales para determinar la residencia real de los empleados registrados. El objetivo es establecer con precisión cuántos de ellos viven efectivamente en la provincia y durante cuánto tiempo permanecen en ella, a fin de reducir la evasión laboral y garantizar transparencia en los contratos.

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“Es fundamental asegurar que la riqueza generada en Santa Cruz también se traduzca en empleo para los santacruceños”, señalaron fuentes gubernamentales. Las inspecciones apuntan, sobre todo, a las firmas contratistas y prestadoras de servicios, donde se detecta la mayor rotación de personal.

El control no se limita a la presencia de trabajadores en territorio provincial, sino que también abarca la trazabilidad de los contratos y los circuitos de subcontratación, que muchas veces diluyen las responsabilidades legales. A través de operativos coordinados por los ministerios de Seguridad, Trabajo, Producción y Transporte, junto a la Policía provincial, se busca establecer un sistema unificado de seguimiento de las empresas que operan en el territorio.

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El Gobierno provincial considera que el cumplimiento de la ley no solo es una cuestión administrativa, sino una política de equidad laboral. La aplicación efectiva de la norma permitiría que los ingresos generados por las actividades productivas tengan un mayor impacto en el consumo interno, fortaleciendo el entramado económico local.

Fuente: Minería y desarrollo