El juez comparó a la Provincia con un vecino colgado de la luz y ordenó pagar $221 millones
Policiales11/11/2025
Sergio Bustos
Coopsar finalmente cobrará.
El juez civil Gustavo Antoun dictó una sentencia contundente: la Provincia deberá abonar $221.809.905,89 a la Cooperativa de Sarmiento (COOPSAR) por la energía eléctrica que mantiene en funcionamiento el acueducto del Lago Musters, responsable de llevar agua potable a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Caleta Olivia y Sarmiento.
La decisión judicial llega después de años de reclamos administrativos y advertencias de la cooperativa, que soportó el costo del servicio mientras el Estado provincial evadía su obligación de pago desde 2015. Antoun dispuso que el monto se pague en un plazo de 10 días y podrá dividirse en seis cuotas bimestrales iguales.
El fallo también exige que en un máximo de 30 días se determine la deuda total restante, con participación de un representante provincial y otro de COOPSAR, asistidos por contadores de ambas partes. Si no hay acuerdo, el juez será quien defina la cifra final.
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En su resolución, Antoun no ahorró críticas. “Por lo gráfico y significativo podría trazarse un paralelismo con quien se cuelga de la luz sin pagar lo que consume”, escribió, comparando la actitud estatal con la de un vecino moroso.
El magistrado recordó que el contrato de concesión firmado en 2013 establece con claridad que la energía para el funcionamiento del acueducto debe ser abonada por la Provincia. “Al no hacerlo desde 2015, transfirió a la Cooperativa una carga económica imposible de sostener”, indicó.
La sentencia detalla que, según CAMMESA, entre marzo de 2019 y agosto de 2020 la cooperativa abonó menos del 10 % de un mes de facturación, mientras continuaba recibiendo intimaciones por parte del mercado eléctrico mayorista.
Antoun subrayó que el incumplimiento provincial puso en riesgo la continuidad del suministro de agua potable para toda la zona sur. “Si la COOPSAR deja de pagar, se corta el servicio”, remarcó en su análisis.
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El juez también apuntó contra la burocracia provincial, a la que acusó de mantener un “estruendoso silencio” frente a los reclamos. “La ilogicidad de cada nota y de cada opinión de los funcionarios es tan patente como patética”, escribió, señalando la falta de gestión del Estado.
Según la sentencia, los expedientes circularon durante años entre distintas áreas del Gobierno sin resolución concreta. Incluso, en 2020 el Ministerio de Economía negó haber recibido las facturas, pese a que varios funcionarios confirmaron su recepción.
Antoun advirtió que la omisión del Estado obligó a los socios de Sarmiento a subsidiar con sus aportes el sistema que abastece a otras ciudades. “No resulta lógico que los habitantes de una localidad carguen con los costos de un servicio que le pertenece a la Provincia”, cuestionó.
Para el magistrado, la actitud del Gobierno chubutense revela una falta de compromiso con un servicio público esencial, y una indiferencia “difícil de entender” frente a un reclamo que se prolongó durante casi una década.
En su dictamen, el juez fue más allá de la cuestión económica y exhortó a las partes a negociar con buena fe un convenio definitivo. La meta, dijo, es evitar “nuevos entuertos judiciales” y garantizar la continuidad del servicio.
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El fallo implica también que la Provincia asuma las costas del juicio y los honorarios de los peritos, lo que eleva el impacto económico sobre las arcas públicas.
El caso marca un antecedente fuerte en la relación entre el Estado provincial y las cooperativas de servicios públicos, que en varias localidades reclaman pagos atrasados y demoras en los convenios.
Mientras tanto, la COOPSAR espera que esta resolución siente un precedente y ponga fin a años de incertidumbre, con un sistema eléctrico al límite y una deuda que comprometió su funcionamiento interno.
Antoun cerró su fallo con una advertencia política y moral: “Con cooperación y buena fe podrán resolver lo que la desidia no quiso atender durante años”.
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