Confirman condena a ex policía por crimen de lesa humanidad en el Plan Cóndor

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra el ex policía federal Juan Carlos Alzugaray por su intervención en el secuestro del abogado boliviano Gustavo Manuel Medina Ortiz, ocurrido en Salta en octubre de 1975. El tribunal sostuvo por mayoría que el hecho constituye un crimen de lesa humanidad, lo que reafirma su imprescriptibilidad y su encuadre dentro del plan represivo coordinado por diversas dictaduras sudamericanas.

Los jueces Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci rechazaron el recurso de la defensa y ratificaron la condena por privación ilegítima de la libertad. Al mismo tiempo, resolvieron absolver al imputado del delito de homicidio agravado, postura que generó disidencia. El magistrado Alejandro Slokar votó en contra de esa absolución y propuso mantener la responsabilidad por el homicidio, al considerar que la desaparición de Medina Ortiz formó parte de un sistema de eliminación física de opositores políticos.

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En su análisis, Ledesma hizo hincapié en la solidez del material probatorio reunido durante el juicio oral. Entre los elementos más significativos se destacaron las declaraciones de los hijos menores de la víctima, de 11 y 12 años al momento del secuestro. Ambos relataron cómo un grupo armado, integrado por agentes argentinos y bolivianos, irrumpió en el domicilio familiar y se llevó a Medina Ortiz durante la madrugada, escena que marcó el inicio de su desaparición.

Slokar insistió en que el caso no debe interpretarse de forma aislada. Para el magistrado, los hechos se inscriben en el entramado de represión transnacional que articuló a distintas dictaduras sudamericanas bajo la Operación Cóndor. Destacó que Alzugaray integró una estructura jerárquica que ejecutaba detenciones ilegales, entregas clandestinas de personas y desapariciones forzadas más allá de las fronteras, con apoyo logístico de agencias estadounidenses.

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Plan El fallo reconstruyó el contexto personal de la víctima. Medina Ortiz era un abogado y militante sindical que había escapado de Bolivia tras ser perseguido por el régimen de Hugo Banzer. Su estadía en Argentina estuvo marcada por hostigamientos y amenazas, incluido un allanamiento previo y advertencias directas de Alzugaray, quien entonces se desempeñaba como inspector de la Policía Federal.

Slokar citó además investigaciones de especialistas como Stella Calloni y Baltasar Garzón, así como documentación desclasificada por Estados Unidos. Entre los antecedentes mencionados recordó la reunión de 1976 entre Henry Kissinger y el canciller argentino de la dictadura, César Guzzetti, donde se avalaron prácticas represivas. El magistrado subrayó que ese respaldo internacional fortaleció un sistema que generó terror, persecución y graves violaciones a los derechos humanos en toda la región.