El cruce de datos fiscales que puso en revisión pagos de la AFA a empresas bajo sospecha
Policiales24/01/2026
REDACCIÓN
AFA
El nuevo capítulo del conflicto entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se apoya menos en declaraciones públicas y más en un extenso trabajo técnico de fiscalización, que derivó en una presentación judicial de 58 páginas con anexos específicos por cada empresa observada.
El eje de la investigación se construyó a partir de cruces sistémicos de bases de datos fiscales, donde el organismo identificó operaciones realizadas por la AFA con proveedores incluidos en registros de contribuyentes no confiables. Ese procedimiento permitió detectar facturación que, según la evaluación oficial, no encuentra correlato en estructura económica, movimientos bancarios ni actividad real.
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En ese marco, la ARCA estimó de manera preliminar un monto superior a los $376 millones asociado a operaciones presuntamente apócrifas, aclarando en su presentación que la cifra no es definitiva y puede modificarse a medida que avance el proceso administrativo y judicial.
La documentación entregada al juzgado divide a las 15 empresas proveedoras observadas en dos grandes grupos. El primero está caracterizado como de “ficción jurídica”, una categoría que, según el organismo, reúne sociedades con autoridades comunes, domicilios inconsistentes y ausencia de sustancia económica real. El segundo grupo concentra firmas cuya facturación declarada no guarda relación con sus acreditaciones bancarias ni con su capacidad operativa.
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Uno de los aspectos centrales del escrito es la repetición de una misma conclusión técnica en los anexos: “Del análisis de los antecedentes colectados se concluye que se habrían reunido elementos suficientes y necesarios que permitirían inferir la apocrificidad de las operaciones correspondientes a los períodos fiscales supra detallado, pagadas por la Asociación del Fútbol Argentino”. Esa evaluación se extiende sobre ejercicios fiscales comprendidos entre 2023 y 2025.
Dentro del primer grupo de sociedades observadas, la fiscalización puso especial atención en empresas cuyos domicilios declarados no coinciden con actividades comerciales reales. En uno de los casos citados, el relevamiento in situ consignó que el inmueble informado funcionaba como alquiler temporario a través de plataformas digitales, sin indicios de actividad empresarial permanente.
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Otro punto señalado por la ARCA se vincula con la naturaleza de los conceptos facturados, que no guardan relación con el objeto social declarado por las empresas. En algunos expedientes, el organismo advierte que se facturaron obras o servicios que no se corresponden con rubros como hotelería o publicidad, lo que refuerza la sospecha administrativa sobre la validez de esas operaciones.
El segundo grupo de firmas quedó bajo observación por desbalances extremos entre facturación declarada y movimientos bancarios. En uno de los ejemplos incorporados al expediente, una empresa registró ingresos por miles de millones de pesos mientras que sus acreditaciones bancarias apenas alcanzaron cifras marginales, un patrón que el fisco considera incompatible con una operatoria regular.
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La investigación también reconstruye vínculos societarios y coincidencias de autoridades entre distintas empresas proveedoras, lo que, según el criterio fiscal, refuerza la hipótesis de estructuras creadas para emitir comprobantes sin respaldo económico real.
En paralelo al trabajo técnico, la ARCA notificó formalmente a la AFA sobre las irregularidades detectadas y le otorgó un plazo de 15 días para presentar documentación de descargo, con el objetivo explícito de “conmover la convicción administrativa”, según consta en el expediente.
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El caso quedó radicado en el fuero Penal Económico, donde el juez Diego Amarante ya interviene en una denuncia previa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en la que se estimó un perjuicio fiscal superior a los $7.500 millones. En ese expediente, el magistrado aceptó a la ARCA como querellante, habilitando su participación activa.
Mientras tanto, la fiscalización continúa abierta. Nuevos cruces de datos detectaron otras facturas emitidas por proveedores distintos a los investigados inicialmente, también incluidos en bases de contribuyentes no confiables, lo que, según el organismo, agrava la situación administrativa de la entidad.
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Por el momento, la investigación avanza en sede judicial y administrativa, con la expectativa oficial de profundizar el análisis una vez vencidos los plazos de descargo. El expediente, voluminoso y técnico, deja al descubierto un esquema de control fiscal que excede el caso puntual y expone el funcionamiento de los mecanismos de verificación sobre grandes contribuyentes.
Fuente: LA NACION.
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