Exfuncionarios complican el avance del caso ANDIS al negarse a responder ante los investigadores

La investigación por las supuestas maniobras ilegales dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad sumó un capítulo de tensión judicial luego de que exfuncionarios convocados a declarar se negaran a responder y rechazaran las preguntas de los investigadores. El silencio de los imputados condicionó el avance inmediato del expediente, que analiza la presunta contratación irregular de droguerías para la compra de insumos médicos destinados a personas con discapacidad.

Según fuentes vinculadas al caso, los exfuncionarios adoptaron una estrategia basada en negar los hechos atribuidos, evitar cualquier tipo de declaración formal y no admitir preguntas durante las audiencias. “Negar los hechos y no declarar es una decisión que retrasa la búsqueda de información”, señalaron desde el entorno judicial, donde remarcan que esta conducta no constituye un delito, pero sí evidencia una postura defensiva que obliga a profundizar otras líneas de prueba.

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El expediente examina movimientos administrativos vinculados a la provisión de medicamentos, procedimientos de compra y vínculos entre funcionarios y proveedores del sector farmacéutico. Investigadores del caso destacaron que la información documental recabada hasta el momento permite sostener la hipótesis de que existieron irregularidades en la selección de droguerías, así como sobreprecios en determinadas contrataciones. Los investigadores remarcan que “la no declaración no evita el análisis del material ya recolectado”, y que el proceso continuará según los plazos previstos.

En paralelo, fuentes cercanas a la causa indicaron que durante las últimas semanas se incorporaron nuevos documentos internos que permitirán examinar con mayor precisión las adjudicaciones cuestionadas. El equipo de investigación apunta ahora a contrastar informes, contratos y expedientes administrativos para identificar eventuales inconsistencias, omisiones o decisiones que no se ajusten a la normativa vigente. El objetivo es ordenar una secuencia clara de decisiones políticas y administrativas que expliquen el esquema bajo análisis y que permitan determinar responsabilidades.

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La causa generó fuerte repercusión pública porque involucra programas destinados a garantizar el acceso a medicamentos a sectores vulnerables. Sectores vinculados a organizaciones de usuarios expresaron preocupación por el impacto institucional del caso, ya que cualquier irregularidad en el circuito de compras afecta la transparencia y la eficacia de un organismo encargado de políticas sensibles. Especialistas consultados remarcan que la investigación “no debe afectar la continuidad de las prestaciones”, un aspecto que también subrayaron fuentes oficiales.

Mientras tanto, en el entorno de los exfuncionarios sostienen que la causa se basa en interpretaciones administrativas y no en hechos constitutivos de delito, y aseguran que la Justicia deberá evaluar con detalle cada paso del proceso de contrataciones. La defensa insiste en que la negativa a declarar responde a una estrategia legal y no a un intento de obstrucción. Desde esa posición afirman que “no existen pruebas que acrediten conductas penales”, aunque reconocen que esperan nuevas citaciones.

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El expediente continuará su curso bajo la órbita de los equipos técnicos que ya trabajan en peritajes y análisis de documentación. La expectativa dentro de los tribunales es que la próxima etapa dependa de los informes periciales y de las decisiones que tome el juzgado en función del material que aún se encuentra en evaluación. La continuidad de la causa mantiene abierta la posibilidad de nuevas imputaciones, así como eventuales pedidos de ampliación de declaración para quienes evitaron responder en esta instancia.