Caracas cuestiona el cierre de la oficina de la Corte Penal Internacional y acusa falta de cooperación

El Gobierno de Venezuela expresó su rechazo al anuncio de la Corte Penal Internacional sobre el cierre de la oficina técnica instalada en Caracas, una decisión que generó un nuevo intercambio entre funcionarios nacionales y representantes del organismo internacional. El comunicado difundido por la cancillería recordó que el país ratificó el Estatuto de Roma antes que cualquier otro Estado del continente y afirmó que ese antecedente demuestra un compromiso sostenido con los mecanismos multilaterales de cooperación judicial.

En el texto oficial se remarcó que, según la posición venezolana, “el proceso impulsado por la Fiscalía no encaja en los supuestos previstos por el propio Estatuto”, un señalamiento que se acompañó con la acusación de que la investigación respondió a “una agenda anti Venezuela” elaborada por actores externos. Las autoridades insistieron en que no existen elementos que permitan afirmar la existencia de crímenes de lesa humanidad y sostuvieron que esa conclusión fue expuesta tanto en instancias nacionales como internacionales.

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El comunicado incluyó referencias a los acuerdos firmados en los últimos años entre Caracas y la Fiscalía. Las autoridades recordaron que se suscribieron dos memorandos de entendimiento y una hoja de ruta con el objetivo de fortalecer capacidades en materia de justicia y derechos humanos. Esos instrumentos contemplaban la instalación y el funcionamiento estable de una oficina de asistencia técnica destinada a acompañar las iniciativas judiciales impulsadas por el Estado venezolano.

La respuesta del Gobierno también apuntó a la ausencia de personal asignado por la Fiscalía para esa oficina, un punto que se presentó como evidencia de falta de colaboración. Según el comunicado, “la Fiscalía nunca designó personal para la oficina ni aportó recomendaciones”, lo que, a criterio de Caracas, impidió avanzar en los compromisos asumidos. A esa situación se sumó la denuncia de que esa misma falta de participación habría sido utilizada luego, de forma política, en la narrativa internacional.

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La declaración difundida por Venezuela se publicó luego de los comentarios realizados por el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, Mame Mandiaye Niang, quien confirmó el cierre de la oficina técnica. La reacción del Gobierno subrayó que el país sostiene su posición histórica de participación en acuerdos multilaterales y considera que la decisión de la CPI no se vincula con el contenido de los memorandos firmados. La cancillería destacó que la postura nacional será comunicada en cada foro donde se discutan políticas de cooperación judicial internacional.

Fuente: NA.