Ferrucci, 11 años y tres fallos: absuelto otra vez por los 380 kilos que llegaron a España
Actualidad08/12/2025
Sergio Bustos
La droga en el cargamento.
Once años, tres veredictos y una pregunta que queda abierta. Miguel Ángel Ferrucci, dueño de United Stone, volvió a ser absuelto en la causa que lo acusó de contrabando agravado por un envío de 380 kilos de cocaína a España, escondidos en bloques de mármol.
El nuevo juicio terminó con una decisión que ya se escuchó antes en este expediente: la prueba no alcanzó. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 resolvió absolver al empresario y a su firma, y lo hizo bajo una idea que atraviesa toda la historia del caso: nunca se pudo establecer quién puso la droga en el barco.
El tribunal que firmó el fallo tuvo una particularidad que también dice algo sobre el estado del fuero. Por vacantes en el fuero penal económico, se integró con jueces “prestados” de Comodoro Py: Sabrina Namer, Adriana Pallioti y Nicolás Toselli.
A la hora de juzgar, los magistrados se encontraron con un obstáculo imposible de ignorar: el tiempo. Muchos testigos ya no recordaban detalles finos de lo ocurrido en 2014 y otros directamente no pudieron declarar por enfermedad o muerte. En causas largas, ese desgaste suele inclinar debates.
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Ferrucci no es un nombre desconocido. Según expuso él mismo, su empresa proveyó adoquines para espacios visibles como la entrada de la Casa Rosada, el entorno del Obelisco y la Basílica de Luján. En el juicio también se ponderó un dato: United Stone funcionaba como empresa familiar, con operación en Buenos Aires y Puerto Madryn, y no como una “pantalla” armada para delitos.
El origen del caso está fechado. El 26 de enero de 2014, el buque MSC Vigo salió del puerto de Buenos Aires con bloques de mármol travertino y adoquines de pórfido. Un mes después, en Valencia, la Aduana encontró la cocaína escondida. El destinatario era una firma de Barcelona.
Detrás del envío apareció una trama de seducción comercial. En 2013, un supuesto empresario llamado Jordi Bosch se contactó con Ferrucci y le ofreció una promesa grande: que United Stone sea proveedora de una obra pública millonaria en Argelia.
El “favor” que pidió ese comprador fue el punto de quiebre. Bosch solicitó usar la logística de United Stone para exportar mármol que había adquirido en San Juan, porque la empresa vendedora tenía el material pero no el circuito para llevarlo a España.
Con el expediente avanzado, se impuso la sospecha: era una farsa. El supuesto Bosch en realidad se llamaba Javier Cantó Tortosa y fue dentro de esos bloques de travertino donde apareció la droga. En España, la historia tuvo su propio recorrido judicial: Cantó Tortosa y un socio, Alfredo Muntane Sotus, quedaron condenados por organizar la recepción.
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En Argentina, la incógnita se clavó en un tramo crítico. Antes de embarcar, los pallets estuvieron alrededor de dos meses en un predio de La Tablada, partido de La Matanza. Nunca se probó en qué momento se colocaron los “ladrillos” de cocaína entre las piedras, ni quién lo hizo.
Eso abrió la grieta central del caso: ¿Ferrucci sabía o lo usaron? Hubo indicios que alimentaron sospechas, y por eso la causa derivó en decisiones contradictorias durante años.
El primer cierre llegó en 2020. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 absolvió al empresario, a su compañía, a sus hijos y a empleados aduaneros por falta de pruebas. Esa resolución parecía el final.
Pero en 2021 la Casación anuló esa absolución y ordenó un nuevo pronunciamiento tras apelaciones del Ministerio Público Fiscal y la AFIP, que actuaba como querellante. La causa volvió a moverse como un péndulo.
En marzo de 2022 llegó el golpe más duro para Ferrucci: una condena a cinco años y diez meses de prisión, más inhabilitaciones comerciales. Para United Stone, el impacto fue letal: se ordenó cancelar la personería jurídica y borrar registros para operar en comercio exterior.
La defensa cuestionó ese fallo con un argumento central: lo condenaron sin un nuevo juicio oral, sin volver a escuchar a los acusados en audiencia pública. En diciembre de 2022, la Sala III de Casación le dio la razón y anuló la condena. Ordenó un nuevo debate oral, el que terminó ahora.
En ese último tramo, la defensa también pidió el sobreseimiento por prescripción y por el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. El tribunal lo rechazó por la complejidad del caso y por la cooperación con la justicia española, en un expediente de crimen organizado transnacional.
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El veredicto final se apoyó en “el beneficio de la duda”. Los jueces consideraron verosímil que el empresario haya sido engañado por los compradores europeos. Un dato pesó en la evaluación: empleados describieron que la mercadería no tuvo custodia especial ni vigilancia, algo que no coincide con quien protege un cargamento valuado en millones.
También tuvieron importancia correos y comunicaciones telefónicas. Según el fallo, mostraban una relación comercial “normal”, con reclamos de pago y sin los códigos esperables en una red de contrabando de drogas.
El tribunal incluyó una crítica que apunta a otro plano. Señaló que exportar mercadería ajena como propia puede ser reprochable en términos fiscales y hasta temerario, pero no alcanzó para sostener una condena por narcotráfico. En esa diferencia se apoyó la absolución.
Al cierre, quedaba un dato abierto: el fiscal general Marcelo Agüero Vera todavía no apeló, y el Ministerio Público Fiscal tiene plazo hasta la semana próxima para hacerlo. La causa, igual, deja una marca: once años después, el país sigue sin una respuesta sobre lo más básico.
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