Milei mete “blindaje fiscal” en extraordinarias y amenaza con cárcel a quien vote gasto sin fondos

Actualidad08/12/2025

Milei cuida el equilibrio fiscal.

Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias y confirmó un temario que ya circulaba en el oficialismo, con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral como ejes. Pero agregó una novedad que promete chispas: el proyecto con el que busca “blindar” el equilibrio fiscal y bloquear leyes que generen déficit.

El llamado fija una ventana corta: del 10 al 30 de diciembre. En la Casa Rosada admiten que el cierre de año aprieta por las fiestas y ya imaginan otro tramo en enero y febrero, si el paquete no avanza como esperan.

El nuevo texto no aparece de la nada. Milei lo presentó por cadena nacional en septiembre, en plena pelea con una oposición que empujaba leyes para asegurar financiamiento universitario, salud pediátrica y discapacidad. El Gobierno las rechazó con un argumento repetido: “no dicen de dónde sale la plata”.

OTRAS NOTICIAS

En ese contexto nació el “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”. El nombre suena institucional, pero el contenido apunta a dejar una marca a fuego en el Congreso: ninguna norma nueva puede abrir el grifo del gasto sin mostrar recursos concretos.

El capítulo inicial propone una regla dura para el Presupuesto. La ley anual debe proyectar “resultado financiero equilibrado o superavitario” y directamente prohíbe sancionar un presupuesto con déficit. La intención es cerrar la puerta antes de que arranque la discusión.

Después llega la herramienta operativa. Si durante el año caen los ingresos o suben los gastos por encima de lo previsto, el texto habilita a la Jefatura de Gabinete a tomar medidas para “restablecer” el equilibrio. El orden sugerido también dice mucho: primero recortes en partidas sin piso legal y, si eso no alcanza, el ajuste se extiende a las demás.

El proyecto agrega otra valla: todo gasto del Sector Público Nacional debe quedar previsto y autorizado en el Presupuesto, con la excepción de ciertas entidades contempladas en la Ley de Administración Financiera, como empresas públicas y sociedades con mayoría estatal.

OTRAS NOTICIAS

La parte más sensible, sin embargo, toca de lleno el juego parlamentario. El Gobierno quiere imponer disciplina al Congreso: toda ley que cree o autorice gastos no contemplados empezará a regir recién cuando esas partidas figuren en el presupuesto del año siguiente. Solo se salva lo que garantice financiamiento con recursos concretos y sin romper el resultado equilibrado o superavitario.

También suma un filtro técnico que puede trabar debates desde el arranque. Todo proyecto que implique erogaciones debería llegar a comisión con un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo como requisito previo. Si se aplica a rajatabla, cambia el ritmo de tratamiento y la forma de negociar.

El texto incluye, además, una autolimitación del Ejecutivo: ningún funcionario puede asumir compromisos fuera del presupuesto vigente. Y agrega un mensaje directo al Banco Central: el Poder Ejecutivo “deberá abstenerse” de pedir adelantos transitorios para financiar gasto primario.

El punto que más ruido genera es penal. El proyecto busca incorporar al Código Penal una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación para el funcionario público que “dictare, aprobare, autorizare o ejecutare” normas que incrementen gasto presupuestario sin recursos acreditados. El alcance es amplio y, si se discute en serio, va a abrir un choque por la separación de poderes.

OTRAS NOTICIAS

La vara sube todavía más en materia monetaria. La iniciativa plantea prisión de tres a diez años e inhabilitación para funcionarios del Banco Central que ordenen o ejecuten emisión en violación de prohibiciones y reglas de la Carta Orgánica. En criollo: un “cepo” legal con amenaza de condena.

El temario de extraordinarias suma, además, Presupuesto 2026, la ley de “Inocencia Fiscal” vinculada al “dólar colchón”, la “modernización laboral”, la reforma del Código Penal y la “adecuación” de la Ley de Glaciares, reclamada por gobernadores.

En Diputados, el oficialismo imagina un recorrido acelerado: aprobar el Presupuesto en la semana del 15 de diciembre y correrlo al Senado con la meta de sanción antes del 30. En los pasillos reconocen el problema práctico: conseguir quórum cerca de Año Nuevo, con pasajes agotados y provincias lejos.

En ese sprint, el “blindaje fiscal” se mete como telón de fondo y como presión política. El mensaje de Milei es simple y filoso: si el Congreso quiere votar gastos, que escriba también de dónde salen los fondos. Lo que resta ver es si el recinto acepta esa camisa de fuerza o si convierte el debate en una guerra abierta.