Debatirán la modificación de límites para la compra de tierras por parte de extranjeros
Política10/12/2025
REDACCIÓN
Tranquera campo en venta Foto de archivo generada por AI
El Gobierno nacional incorporó nuevas reformas al paquete de iniciativas que surgieron del Consejo de Mayo, con especial foco en la Ley de Tierras y en el régimen vigente de Manejo del Fuego. La propuesta plantea un giro estructural respecto de la normativa aprobada en la última década y abre un debate legislativo que se trasladará a las próximas sesiones extraordinarias y al período 2026, según informaron fuentes oficiales.
En el caso de la Ley 26.737, el Poder Ejecutivo busca modificar los límites que rigen para la compra de tierras por parte de extranjeros. La normativa actual establece un tope de mil hectáreas productivas, un punto que los autores del documento consideran restrictivo. En el texto del Consejo se afirma que “desde el año 2011, la inversión internacional en este sector ha sido obstaculizada a través de la Ley N° 26.737”, una interpretación que el Gobierno respalda con el argumento de que la Constitución promueve el ingreso de capitales privados del exterior.
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El planteo oficial sostiene que la ley deberá ser reemplazada por un esquema que permita la adquisición de tierras sin topes para personas físicas o jurídicas extranjeras, aunque manteniendo el requisito de autorización previa cuando se trate de entes estatales de otros países. Para el Ejecutivo, esta distinción preservaría la seguridad nacional sin limitar la operatoria del mercado.
En paralelo, el Gobierno propone modificar la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, puntualmente las reformas de 2020 que fijaron restricciones de largo plazo para campos afectados por incendios. Aquella versión impide cambiar el destino productivo durante 30 a 60 años, incluso cuando el siniestro no fue intencional. El documento del Consejo describe ese esquema como una “catástrofe doble”, porque el productor pierde el valor del inmueble y queda sin margen para reorganizar su actividad en el corto plazo.
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Las autoridades consideran que la derogación de esos artículos permitirá recomponer la actividad agropecuaria en zonas afectadas sin sumar trabas posteriores. Funcionarios que participaron en la redacción remarcan que la medida apunta a recuperar capacidad operativa y no a flexibilizar controles ambientales, ya que los mecanismos de investigación y sanción por incendios intencionales seguirán vigentes.
El documento también aborda un capítulo relacionado con la industria semillera y la adhesión de Argentina al UPOV-91, el convenio internacional que regula derechos de obtentores y regalías por el uso de tecnologías agrícolas. En ese apartado se argumenta que “Argentina arrastra un rezago importante en su marco de inserción internacional”, lo que reduciría competitividad y acceso a mercados con altos estándares en biotecnología.
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Para los integrantes del Consejo, la actualización del sistema facilitaría la innovación, mejoraría la previsibilidad jurídica y alinearía al país con los regímenes de propiedad intelectual vigentes en las principales economías agroexportadoras. La propuesta aparece como un complemento de la reforma agraria y del paquete de modernización institucional que impulsa el Ejecutivo.
El equipo que firmó el documento estuvo encabezado por Manuel Adorni como presidente del Consejo de Mayo y acompañado por Alfredo Cornejo, Carolina Losada, Gerardo Martínez, Martín Rappallini, Cristian Ritondo y Federico Sturzenegger como vocales. La coordinación técnica estuvo a cargo de Cecilia Domínguez, quien reunió los aportes de cada sector.
Fuente: Clarín, La Nación, Página 12, X
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