Renunció el subsecretario de Ciberdefensa: denuncias por Puerto Madero y un plan con EEUU frenado

El Ministerio de Defensa sumó un sacudón interno con la renuncia del subsecretario de Ciberdefensa, el coronel retirado e ingeniero Marcelo Adrián Ozán. La dimisión se formalizó el 1 de diciembre, luego de que el ministro Luis Petri aceptara su salida en un contexto cargado de denuncias y reproches dentro del área.

La salida fue tan rápida que dejó una postal inusual para el ritmo del Estado. Ozán duró 19 días en el puesto desde la publicación de su designación en el Boletín Oficial, aunque el decreto que lo nombró consignó que la medida regía de manera retroactiva al 15 de septiembre. Según la reconstrucción del caso, hasta la publicación oficial venía cumpliendo tareas de asesoramiento.

La Subsecretaría de Ciberdefensa reporta a la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, a cargo de Marcelo Rozas Garay. Además ejerce el control funcional del Comando Conjunto de Ciberdefensa, que dirige el general de brigada Luis Guimpel, una estructura que protege infraestructura digital crítica del Sistema de Defensa y organiza la respuesta ante amenazas cibernéticas.

El foco del escándalo apunta a dos denuncias presentadas ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. En el centro aparece la venta del predio del Comando Conjunto de Ciberdefensa, ubicado en Puerto Madero, y el modo en que se planificó la transición ante el traslado.

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La primera denuncia plantea presuntos vicios en el procedimiento, omisión de deberes y falta de un plan de transición que evite pérdida de capacidades operativas tras la venta del inmueble. El predio se subastó en 34 millones de dólares dentro de un esquema de disposición de bienes estatales, autorizado por el Decreto 950/2024, y el ganador resultó el fideicomiso Madero 6.

A partir de esa presentación, la Procuraduría inició averiguaciones preliminares y envió pedidos de información al Estado Mayor Conjunto y al mando del Comando. El tema no es menor: cambiar sede y reordenar infraestructura tecnológica implica continuidad operativa y resguardo de información sensible.

La segunda denuncia apunta a presuntas irregularidades en licitaciones para adquirir equipos críticos, realizar obras de adecuación del nuevo edificio y proveer un simulador de entrenamiento. El monto total mencionado para esos contratos asciende a 21,8 millones de dólares.

En ese capítulo aparece un punto especialmente sensible: el uso de la figura de “secreto militar”. Según la denuncia, esa herramienta habría bloqueado la posibilidad de cotejar valores de referencia y habría favorecido la adjudicación a empresas preseleccionadas, lo que instala sospechas sobre transparencia y control.

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En paralelo, el trasfondo político y estratégico sumó presión. Se menciona que un plan de trabajo conjunto con Estados Unidos para ciberdefensa y ciberseguridad no avanzó y quedó atado a papeles e intenciones, pese a haber sido presentado en 2024.

Ese Plan de Acción del País, elaborado con asistencia de un asesor del Departamento de Estado, buscaba instrumentar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con reformas regulatorias, mejoras de gobernanza, fortalecimiento de resiliencia operativa y formación de recursos humanos.

Según lo informado, en una reunión de seguimiento realizada en agosto pasado se sostuvo que el nivel de “madurez cibernética” se mantenía en 2,6, sin mejoras desde la evaluación inicial. En términos simples: el plan no mostró avances concretos.

Fuentes del área citadas en la reconstrucción del caso aseguraron que el documento ni siquiera se remitió formalmente a mandos militares clave, como el Estado Mayor Conjunto y las fuerzas, lo que alimentó la lectura de trabas internas y ruido con los compromisos de interoperabilidad que busca sostener la administración nacional con Washington.

Con la renuncia consumada, el tablero queda abierto en dos planos. Por un lado, qué define la Procuraduría y qué respuestas dan los funcionarios mencionados en las denuncias. Por el otro, cómo se reordena la conducción de Ciberdefensa y qué destino tiene la hoja de ruta que debía traducirse en capacidades reales dentro del sistema militar.