Diez años sin Maxi Sosa: una causa abierta entre búsquedas fallidas y nuevas órdenes judiciales

El 21 de diciembre de 2015, Maximiliano Sosa, de tres años, fue visto por última vez en la localidad santafesina de Ceres. Desde aquella tarde, cuando le dijo a su abuela que iba a jugar con un amigo del barrio, su paradero permanece desconocido. Diez años después, el expediente conserva más interrogantes que certezas, pese a los cambios de fuero, las detenciones y los juicios que atravesó la causa.

La investigación comenzó en el ámbito provincial, pero un mes después pasó al fuero federal con sede en Rafaela. A partir de entonces, se desplegó una búsqueda nacional e internacional que no logró establecer qué ocurrió con el niño. El tiempo acumuló actuaciones, hipótesis y medidas que no aportaron resultados concluyentes, mientras la familia sostiene la expectativa de encontrar alguna respuesta.

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Para su madre, Daniela Sosa, la desaparición no fue accidental. “La verdad es que no sé lo que pasó. Hasta el día de hoy no tengo una hipótesis contundente”, expresó en declaraciones periodísticas. En ese mismo marco, señaló a Patricia Sayago, abuela del niño, y a su pareja, Ariel Reinaldo Malagueño, como personas que “tienen algo que ver con la desaparición del pequeño”, una sospecha que sostuvo a lo largo de los años.

Tanto Sayago como Malagueño permanecieron detenidos y enfrentaron un juicio por sustracción de persona menor de 10 años, pero resultaron absueltos por falta de mérito. Esa resolución dejó a la causa sin responsables y profundizó el escenario de incertidumbre que rodea al caso.

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A mediados de 2025, cuando la desaparición se acercaba a los diez años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino y ordenó continuar con la búsqueda, además de fijar nuevas medidas de investigación. La decisión buscó reactivar líneas que no habían sido exploradas con suficiente amplitud.

Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dispusieron “ampliar el espectro territorial para establecer si el menor pudo haber sido inscripto en registros civiles provinciales e indagar sobre la existencia, a partir de la fecha de desaparición, de algún cadáver perteneciente a algún niño de tres años cuya identidad pudiera ser compatible con la de Maxi”.

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La resolución implicó revisar registros civiles de distintas jurisdicciones y cruzar datos con informes forenses, una tarea que apunta a descartar o confirmar hipótesis que quedaron abiertas con el paso del tiempo. La medida reintrodujo movimiento en un expediente que permanecía estancado.

Mientras tanto, la familia sostiene la búsqueda y mantiene la expectativa de que alguna de las nuevas líneas aporte información verificable. A diez años del hecho, la desaparición de Maximiliano Sosa continúa sin una explicación judicial definitiva y se mantiene como uno de los casos más sensibles y prolongados de los últimos años.

Fuente: NA.