El Gobierno prepara para 2026 un giro energético con tarifas, ventas de activos y obras privadas
Actualidad24/12/2025
Sergio Bustos
El sector energético arranca 2026 con una hoja de ruta que combina cambios tarifarios, nuevas reglas, obras de infraestructura con financiamiento privado y venta de activos públicos. La agenda que analiza el Gobierno busca reconfigurar cómo se pagan la luz y el gas, cómo se amplían redes de transporte y qué rol ocupan empresas estatales en el mercado.
El primer movimiento aparece marcado para enero, con un nuevo esquema de tarifas de electricidad y gas. El plan propone dejar atrás la segmentación actual por ingresos en tres categorías y pasar a un sistema más simple, con solo dos grupos: usuarios subsidiados y no subsidiados. Ese rediseño cambia la forma en que se reparten descuentos y traslada parte del costo a más hogares.
Dentro de ese cambio, la Secretaría de Energía estima que 140.000 hogares pasarán de la categoría N3 (ingresos medios) a pagar tarifa plena. Ese salto los ubica como el grupo más expuesto dentro de la transición, con incrementos que, según las proyecciones del esquema, podrían superar el 50% en sus facturas. El impacto final, de todos modos, queda atado a cómo se instrumenten los cuadros tarifarios y la velocidad de aplicación.
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El ajuste no se limita a quienes migran de N3. También se contemplan aumentos para los usuarios N1 (ingresos altos), que hoy cubren entre 80% y 90% del precio de la energía, con diferencias según se trate de gas o electricidad. Para los N2 (bajos ingresos), el cambio implicaría una bonificación menor, lo que recorta el alivio que hoy llega a los consumos básicos.
Parte del nuevo esquema depende del frente legislativo. La eliminación de la ampliación del Régimen de Zonas Frías, incorporada en 2021, ya recibió un freno en la Cámara de Diputados y el tema podría volver a escena si el Senado retoma el proyecto original. Esa discusión resulta sensible para regiones donde el descuento se volvió una parte estructural de la factura.
El paquete que no prosperó en Diputados también incluía un punto relevante para energías renovables: una prórroga por un año de beneficios de la ley 27.191, cuyo vencimiento queda fijado para el 31 de diciembre. En paralelo, el Gobierno prevé enviar al Congreso dos nuevas normas, una para renovables en general y otra para hidrógeno, con una hoja de ruta a largo plazo y con cambios que apunten a encuadrar al hidrógeno dentro del RIGI con condiciones más flexibles y plazos mayores.
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En infraestructura, el foco se posa sobre el transporte eléctrico. Para los primeros meses del año se proyecta el lanzamiento de una licitación de obras de alta tensión bajo un formato de construcción privada con garantías del BID. En esa programación aparece como primera línea AMBA I, y luego se mencionan las trazas Río Diamante–Charlone–O’Higgins y Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca, con impacto directo en la capacidad de trasladar energía entre regiones.
El capítulo de privatizaciones también figura como parte del temario 2026. Después de la nueva concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, el Gobierno apunta a avanzar con la venta de la participación estatal en Transener y con las termoeléctricas de Enarsa San Martín y Enarsa Belgrano. Son activos que cumplen un papel central en el sistema, por lo que el proceso suele concentrar atención en condiciones de venta, continuidad operativa y reglas del mercado.
Hacia el invierno, aparece otro cambio con impacto en el abastecimiento y en el costo final. Enarsa se correría de la compra de barcos de GNL para el pico de consumo invernal, y la contratación quedaría en manos de comercializadores privados, bajo riesgo propio. El esquema se definiría por licitación, premiando ofertas con mayor cantidad de barcos, con una regla adicional: traslado pleno de los costos del gas licuado importado a la tarifa, salvo que el Gobierno disponga un nuevo mecanismo de subsidios para amortiguar el golpe en el bolsillo.
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Con esa combinación de tarifas, discusión parlamentaria, obras y desinversión estatal, 2026 se perfila como un año de reordenamiento del mapa energético. La letra fina de cada medida todavía deja márgenes abiertos, pero la dirección general marca un Estado más reducido en compras y activos, y un usuario final que enfrenta una mayor porción del costo de la energía.
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