Embargan sueldo y aguinaldo de Lorena Villaverde por reclamos en Las Grutas

El juez Civil de Bariloche Santiago Morán ordenó embargar el sueldo y el aguinaldo de la diputada libertaria Lorena Villaverde, en el marco de reclamos civiles vinculados al emprendimiento Tajamar en Las Grutas. Según se informó, la legisladora acumula presentaciones por incumplimientos en la entrega de lotes y el trámite judicial suma expedientes asociados.

En ese contexto, Verónica Arizcuren, abogada de damnificados, habló con Radio Seis y describió cómo se integra el embargo a la discusión judicial. Remarcó que su intervención principal parte de la representación de tres amigos que compraron un terreno, pero aclaró que el proceso no funciona como causa colectiva. “Mis clientes le reclaman daños y perjuicios causados en el marco de la operación que celebraron con ella en el año 2020. Estas personas compraron terrenos en Las Grutas bajo un boleto de compraventa donde se entregó un anticipo de dinero en pesos y el resto en cuotas. Es importante destacar que cuando se firmaron esos boletos ya estaba la pandemia: cuando mis representados empezaron a reclamarle a Villaverde la entrega de los terrenos, que era lo único que pretendían, las excusas eran que la pandemia había atrasado todo. Eso fue en el 2023. En el 2024 ya optamos por el camino legal de mandar carta documento y hacer las presentaciones correspondientes y la excusa seguía siendo la misma: que la pandemia había atrasado la entrega de los lotes”, contó.

Arizcuren también sostuvo que el embargo se vincula con un cuarto expediente que se incorpora recientemente a la causa y que ella trabaja en paralelo a la representación de los tres compradores. En su relato, los expedientes se conectan por el mismo objeto de reclamo, pero tramitan como actuaciones asociadas. Para la letrada, ese movimiento reciente dentro del expediente explica el alcance sobre las cuentas de la diputada.

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En la reconstrucción que aportó, el conflicto no se limita al incumplimiento de plazos, sino que suma cuestionamientos sobre lo prometido en la documentación. Dijo que vecinos de la zona comentaron a sus representados que no existía la infraestructura que se mencionaba y que varios terrenos no contaban con servicios básicos pese a lo que “figuraba en el boleto de compra venta”. En esa línea, describió que los compradores enviaron mensajes de Whatsapp preguntando por la entrega, pero según su planteo, no recibieron la entrega del terreno y se extendieron los tiempos con diferentes explicaciones.

La abogada diferenció la situación de los tres amigos respecto del último caso que se agrega a la causa. Señaló que, en la compra de esos tres clientes, el pago se completó, mientras que en el expediente más nuevo la persona afectada decidió retener el pago de cuotas cuando tomó conocimiento del incumplimiento. Según indicó, luego se notificó a Villaverde sobre esa retención y sobre la intención de iniciar acciones judiciales.

Otro punto que Arizcuren puso sobre la mesa se vincula con una idea frecuente en la conversación pública sobre la inmunidad parlamentaria. Sostuvo que el debate por los fueros no determina el reclamo civil en este tipo de operaciones, y marcó una diferencia entre una venta realizada a título personal y la eventual participación de una sociedad. “Es importante destacar que ella hizo todas estas operaciones en nombre propio, no es que ella constituyó una sociedad: ahí sí estaría más en discusión esto. Pero ella, a través de su emprendimiento inmobiliario, vendió estos lotes, entonces no tiene nada que ver con la actividad pública que todos conocemos que ella tiene”, manifestó la letrada.

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En la entrevista, también afirmó que conoce otros casos de compradores en situaciones parecidas, con recorridos distintos a los que ella impulsa en la Justicia. Mencionó que algunas personas alcanzaron acuerdos económicos con Villaverde “hace 2 años” y cerraron reclamos, mientras que en los expedientes que lleva Arizcuren el conflicto se sostiene por el incumplimiento en la entrega y por las condiciones del loteo.

La abogada describió además un escenario que, según dijo, condiciona la posibilidad de regularizar las operaciones mediante escrituras. En su explicación, el problema aparece cuando el inmueble no ingresa formalmente como loteo con subdivisiones registrales habilitadas, aun cuando existan construcciones o pagos. “Mucha gente me ha consultado para iniciar acciones. Algunos dan el caso por perdido, algunos por temor. Hay gente que ya construyó en esos lotes, que no se van a poder escriturar porque son campos que están bajo un número de matrícula individual. Registralmente los inmuebles tienen un número de matrícula. En este caso es un campo que ella heredó, pero que está a nombre de ella y de un familiar: ella tiene el 50%. Cuando uno hace un loteo tiene que solicitar ciertos permisos, hacer planos, hacer un proyecto catastral, para después poder subdividir en el Registro de la Propiedad Inmueble y que cada comprador pueda adquirir esa unidad y pueda suscribir su propia escritura. Pero en este caso no se puede escriturar. En el Registro de la Propiedad Inmueble ese terreno figura como un campo, no como un loteo donde está la apertura de partidas realizadas”, explicó.

Con esos elementos, la causa civil en Bariloche suma tensión por el alcance de medidas sobre ingresos de una legisladora nacional y por las derivaciones patrimoniales de la operatoria cuestionada. La información difundida hasta ahora pone el foco en el embargo dispuesto por el juez Morán y en los relatos judiciales de compradores que reclaman entrega, documentación y condiciones prometidas. Mientras tanto, Arizcuren sostiene que la incorporación de un expediente más reciente empuja el escenario procesal y ordena una respuesta judicial sobre los reclamos que siguen activos.