Detienen en la Patagonia a empresario mexicano acusado de sobornos y fraude en contratos públicos
Policiales25/12/2025
REDACCIÓN
Empresario mexicano foto: La opinión Austral
La detención de Abraham Cigarroa Cervantes en Santa Cruz cerró un período de más de un año de fuga internacional de un ejecutivo señalado por la Justicia de Estados Unidos como pieza central de un esquema de sobornos transnacionales y manipulación contable. El empresario mexicano fue capturado cuando ingresaba al país desde Chile, mientras se encontraba de viaje con su familia.
El procedimiento se concretó el lunes 23 de diciembre de 2025 en el Paso Fronterizo Internacional Río Don Guillermo, a partir de una orden internacional de captura. La operación contó con coordinación entre fuerzas de seguridad argentinas, organismos judiciales y agencias extranjeras, en el marco de una notificación de Interpol.
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Tras el arresto, Cigarroa Cervantes quedó alojado en la Unidad 15 de Río Gallegos, donde permanece bajo custodia a la espera de que se resuelva su extradición a Estados Unidos. Allí es requerido por la Justicia federal para responder por delitos vinculados a corrupción corporativa, con penas que podrían alcanzar los diez años de prisión.
El empresario, de 51 años, ocupó durante más de una década posiciones de alto rango en Stericycle Inc., una multinacional estadounidense dedicada a la gestión de residuos médicos e industriales. Desde su rol como director financiero para América Latina, tuvo control directo sobre operaciones en México, Brasil, Argentina, Chile y Puerto Rico, además de integrar comités ejecutivos regionales.
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Según la acusación, su doble función resultó determinante. Además de manejar las finanzas, formaba parte del comité de cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) dentro de la propia compañía. Esa posición le otorgó conocimiento detallado de los mecanismos de auditoría y control interno, información que la investigación judicial sostiene que utilizó para sostener maniobras ilegales durante varios años.
En el plano público, Cigarroa Cervantes se presentaba como un “estratega financiero” con amplia trayectoria regional. En perfiles profesionales difundía una imagen de consultor y académico, con formación en Derecho, finanzas internacionales y estudios empresariales, además de participación en consejos de administración. Esa construcción contrastó con los elementos incorporados al expediente judicial.
La acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sostiene que entre 2011 y 2016 el empresario lideró una conspiración para pagar alrededor de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos de distintos países de América Latina. El objetivo era asegurar contratos estatales en el sector de residuos patológicos y biológico-infecciosos, altamente regulado y dependiente de licitaciones.
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Los pagos ilegales se incorporaban a la contabilidad bajo el rótulo “IP”, sigla de “Incentivo de Proyecto”, lo que permitía registrarlos como gastos operativos. De ese modo, el costo de los sobornos se integraba a los balances y, en algunos casos, se deducía impositivamente, según la documentación reunida por los investigadores.
En México, el circuito incluía proveedores que emitían facturas por servicios inexistentes. La empresa abonaba esos montos de forma electrónica y luego el dinero regresaba en efectivo para ser entregado a funcionarios. La pesquisa judicial reconstruyó fechas, montos y destinatarios, y detectó esquemas similares en Brasil y Argentina, con adaptaciones locales pero una coordinación regional centralizada.
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Además de los sobornos, la causa incorpora violaciones a la ley Sarbanes-Oxley, que regula la transparencia de empresas que cotizan en Estados Unidos. Como responsable financiero regional, Cigarroa Cervantes debía certificar la veracidad de los estados contables. Según la acusación, firmó certificaciones falsas y remitió información engañosa a auditores y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Las autoridades estadounidenses estiman que la compañía obtuvo más de 21 millones de dólares en beneficios a partir de este esquema ilícito. La investigación forma parte de un expediente más amplio que derivó, en 2022, en un acuerdo millonario entre Stericycle y la Justicia norteamericana, con multas y compromisos de cooperación.
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La imputación formal contra el empresario se presentó el 19 de marzo de 2024 ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida. Tras conocerse la acusación, el exejecutivo abandonó su lugar de residencia y permaneció prófugo, con registros posteriores de estadía en Uruguay y, finalmente, en la Patagonia argentina, donde fue localizado.
Fuente: La Opinión Austral
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