Ley de Inocencia Fiscal: sin adhesión provincial, los “dólares del colchón” quedan expuestos

La aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Inocencia Fiscal abrió una expectativa concreta para que ahorros no declarados entren al circuito formal, pero el alcance real depende de un paso político que todavía falta en buena parte del país. La propia norma nacional invita a las provincias a adherir y, mientras eso no ocurra, los contribuyentes pueden quedar cubiertos frente a la ARCA (exAFIP), aunque con margen para revisiones o reclamos de parte de los fiscos provinciales.

El punto central está en el diseño institucional argentino: las provincias conservan potestad para definir y administrar sus propios tributos. Por eso, la ley sancionada no obliga a acompañar el régimen, sino que lo deja sujeto a la decisión de cada distrito. El artículo 44 lo expresa de forma directa: “Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar, en el ámbito de sus respectivas competencias, regímenes simplificados de fiscalización, en línea con las disposiciones establecidas”.

Con ese marco, el beneficio nacional funciona, pero no alcanza para “blindar” a quien declare fondos si su provincia decide no adherir o demora la votación. La idea que aparece detrás del debate es sencilla: un contribuyente puede estar protegido en la órbita federal, pero seguir bajo posibilidad de verificación en impuestos provinciales, según la interpretación que adopte cada jurisdicción y los alcances que apruebe su legislatura.

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El texto también plantea un mapa político con dos grandes grupos: distritos que prometen sumarse y otros que, por ahora, muestran resistencia. En general, las provincias consideradas “dialoguistas”, que acompañaron la votación en ambas cámaras, anticipan que enviarán a sus legislaturas proyectos de adhesión. Sin esa ley local, el esquema queda incompleto para el objetivo de llevar a la economía formal los llamados “dólares del colchón”.

La resistencia más marcada, según se detalla, se concentra en Buenos Aires, y se extiende a La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego, provincias que mantienen un vínculo áspero con la Casa Rosada. De todos modos, el propio análisis admite que, por el perfil de la norma, tampoco se descarta que algunas terminen adoptando el régimen con menor exposición pública, si evalúan costos políticos y necesidad de alineamiento fiscal.

En el caso bonaerense, el texto menciona que Axel Kicillof cuestionó en público la iniciativa al señalar que invade potestades tributarias provinciales, aunque dentro del gobierno provincial ya aparecen señales de cautela. En esa línea, se cita una respuesta que muestra la indefinición: “Ni sí, ni no. No podemos decir nada porque no hay una decisión tomada”, dijeron fuentes bonaerenses consultadas.

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La discusión no se limita al plano político: también incluye cambios concretos que la norma ofrece a quienes se incorporen al régimen. La ley apunta a eliminar la obligación de informar variaciones patrimoniales y plantea que no habrá control sobre consumos realizados con esos fondos, siempre dentro de los parámetros previstos. A la par, eleva los umbrales para considerar delitos tributarios, con un salto fuerte en montos de referencia para evasión simple, evasión agravada, seguridad social y facturas apócrifas.

El documento remarca además que la condición determinante es adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, con un tope patrimonial de $10.000 millones, y la reducción del plazo de prescripción de deudas impositivas de 5 a 3 años. El planteo es que esos beneficios, para ser completos en cada distrito, requieren adhesión plena de cada legislatura provincial, porque muchas herramientas de fiscalización y parte de la carga tributaria se juegan en el plano local.

En paralelo, el texto describe un cruce que el ministro de Economía, Luis Caputo, eligió dar con el sistema bancario, aunque la traba más citada aparece en las provincias. En redes, Caputo apuntó contra entidades que pidan requisitos extra y sugirió una alternativa: “Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”. Los bancos, según el texto, respondieron con una frase breve: “Cumplimos normas, no tuits”.

Por último, el análisis menciona una “letra chica” que puede influir en el uso real del régimen. En el caso de monotributistas, se plantea que para entrar por esta vía deberían dejar su condición y pasar al régimen simplificado, con costos asociados que pueden limitar decisiones. También aparece una discusión técnica sobre la diferencia entre usar fondos no declarados y depositarlos: la norma habilita el uso, pero el depósito podría dejar margen para observaciones impositivas por aumentos patrimoniales, un punto sobre el que especialistas piden aclaraciones.