El Gobierno redefine su agenda fiscal y se concentra en la reforma laboral ante el freno provincial

Política12/01/2026

Casa Rosada

El Poder Ejecutivo resolvió no enviar al Congreso una reforma tributaria integral y enfocar su estrategia en los cambios impositivos contenidos dentro del proyecto de “modernización laboral”. La decisión implica un ajuste de prioridades: el oficialismo reduce su alcance inicial y apunta a iniciativas que considera viables en el corto plazo, con las provincias como actor determinante en la negociación parlamentaria.

Dentro del Gobierno admiten que la oposición de los gobernadores a cualquier recorte sobre impuestos coparticipables condiciona el trámite legislativo. Por ese motivo, el plan original quedó relegado y dio paso a ajustes tributarios escalonados, sin un esquema general. Un referente parlamentario lo resumió así: “Primero va esta reforma. Después veremos cómo queda el déficit y, recién entonces, evaluaremos si hay margen para algo más integral”.

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La eliminación del capítulo XI del Presupuesto 2026 durante su debate en Diputados profundizó el cambio de rumbo. Allí el oficialismo había incorporado la derogación de leyes vinculadas al financiamiento de discapacidad y universidades nacionales, consideradas costosas para el equilibrio fiscal. En la presidencia de la Cámara baja explicaron que “eso obligó a frenar la baja de cargas patronales”, una de las piezas del esquema tributario inicial.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado el giro en diciembre, durante un encuentro con inversores. Según reconstrucciones periodísticas, afirmó: “Esta primera parte de la reforma tributaria va más a personas jurídicas. Focalizamos en lo laboral”. Desde el Palacio de Hacienda evitaron ampliar detalles sobre los pasos siguientes.

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El impulso posterior a las últimas elecciones, con el que la Casa Rosada buscaba aprobar reformas tributaria, penal y laboral, entró en una etapa de pausa. Sin proyecto impositivo integral en agenda y sin avances formales en la reforma penal —aunque incluida en la convocatoria a extraordinarias—, la única iniciativa activa es la modernización laboral, que ahora concentra los esfuerzos políticos.

Ese proyecto incorpora ajustes tributarios de alcance limitado y se inscribe en una estrategia gradual. Un senador libertario defendió el enfoque al sostener: “Es, en sí misma, la reforma tributaria más importante que se haya hecho”, y agregó: “No se puede hacer todo al mismo tiempo”. El texto ya cuenta con dictamen de comisión, pero todavía debe atravesar el recinto del Senado y luego repetir el trámite en Diputados.

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La negociación política quedó en manos de Patricia Bullrich, Martín Menem y Diego Santilli, quienes buscan ordenar voluntades para sostener el capítulo impositivo. Bullrich planea utilizar la segunda quincena de enero para alinear votos y evitar cambios en los puntos sensibles impulsados por Economía.

El mayor foco de tensión sigue en el vínculo con los mandatarios provinciales. El tramo tributario de la reforma laboral contempla modificaciones en el impuesto a las Ganancias, una fuente central de recursos para las provincias, con reducción de alícuotas para sociedades y exenciones a alquileres destinados a vivienda. Los gobernadores advierten que ese esquema impacta de manera directa en sus cuentas.

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En los últimos dos años, la relación fiscal se tensó aún más. El presidente Javier Milei utilizó la distribución de fondos como herramienta política, con transferencias discrecionales para aliados y recortes para quienes mantienen distancia. Sin obra pública nacional y con un calendario electoral en el horizonte, la resistencia provincial se acentúa.

Entre los mandatarios que buscan revalidar sus gestiones figuran Ignacio Torres, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, entre otros. La expectativa compartida es que el oficialismo intente disputarles territorio en 2027, lo que refuerza la negativa a resignar recursos en el tramo final de sus mandatos.

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En ese contexto, Santilli intensificó recorridas por las provincias, incluida una visita reciente a Chubut junto a Torres por los incendios en El Hoyo y Epuyén, con la reforma laboral como eje de diálogo. En paralelo, el Gobierno celebró la sanción de la ley de “inocencia fiscal”, mientras permanecen en suspenso iniciativas como la reforma de la Ley de Glaciares, que algunos gobernadores consideran condición para acompañar futuros ajustes que impacten sobre sus recursos.

Fuente: LA NACION.