El Gobierno de Santa Cruz cuestionó las subas salariales en el Poder Judicial
Política13/01/2026
REDACCIÓN
El Gobierno de Santa Cruz, que encabeza Claudio Vidal, expresó cuestionamientos a la política salarial definida por el Tribunal Superior de Justicia para el año próximo. La discusión se instaló a partir del contraste entre decisiones recientes del propio tribunal y el impacto que esas medidas generan sobre las cuentas públicas.
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el debate no se limita a porcentajes o escalas, sino a la coherencia institucional. La mirada oficial apunta a cómo el TSJ argumenta restricciones financieras en algunos casos y adopta otro criterio cuando se trata de los haberes de sus máximas autoridades.
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La resolución que fijó los incrementos lleva la firma de Renée Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña, y fue suscripta el 30 de diciembre de 2025. El texto establece una pauta de aumentos mensuales acumulativos para vocales, jueces, magistrados y funcionarios durante gran parte de 2026.
Desde el Gobierno provincial remarcan que esa decisión resulta llamativa si se la compara con una resolución anterior del mismo cuerpo. El 17 de diciembre de 2025, los magistrados rechazaron la incorporación de nuevos jueces, al argumentar “serias complicaciones financieras” y la necesidad de resguardar recursos disponibles.
La ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, señaló esa diferencia de criterios como el núcleo del planteo oficial. “Cuando se trata de ampliar la estructura para mejorar el servicio de justicia, se invoca la falta de recursos. Pero cuando se trata de fijar aumentos automáticos para la cúpula judicial, esas restricciones parecen no existir”, expresó.
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En relación con la pauta salarial definida, Elmiger sostuvo que los incrementos previstos “superan las proyecciones inflacionarias previstas para el período”. Según el Ejecutivo, los aumentos oscilan entre un 46 y un 50% para funcionarios que ya perciben los salarios más altos del Estado provincial.
Los datos oficiales indican que los vocales del TSJ pasarán de básicos superiores a 1.574.940 pesos en enero de 2026 a 2.177.588 pesos en octubre del mismo año. Además, el Gobierno señaló que los ingresos totales podrían ubicarse entre 19 y casi 24 millones de pesos, según el caso.
Otro punto que el Ejecutivo puso sobre la mesa es la situación previsional de varios integrantes del máximo tribunal. Desde el Gobierno indicaron que una parte significativa de los vocales reúne condiciones para jubilarse, lo que obliga a considerar el impacto fiscal de estas decisiones en el mediano plazo.
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Elmiger aclaró que el planteo no apunta a desconocer la independencia judicial, sino a discutir la razonabilidad de las medidas. “La provincia atraviesa un proceso de ordenamiento y administración responsable de los recursos. Ese esfuerzo involucra a todos los poderes del Estado y debería ser compartido”, afirmó.
En ese marco, la ministra también se refirió al principio de intangibilidad salarial. “La dignidad de la función judicial no se pone en riesgo por debatir estos temas. Por el contrario, se fortalece cuando las decisiones institucionales están en sintonía con el esfuerzo que realiza la ciudadanía en su conjunto”, sostuvo.
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