Celulares importados sin aranceles desde el jueves y expectativa por una baja de precios

A partir de este jueves 15 de enero, los teléfonos celulares importados dejarán de pagar aranceles en la Argentina, tras la entrada en vigencia de la etapa final del esquema dispuesto por el Gobierno nacional. La medida apunta a aumentar la competencia, ampliar la oferta disponible y generar una reducción en los precios al consumidor, aunque su impacto no será inmediato ni uniforme.

La decisión quedó formalizada en el decreto 333/25, publicado en mayo del año pasado, que estableció un cronograma de reducción gradual del arancel aplicado a los celulares importados. En una primera instancia, la alícuota bajó del 16% al 8%, y desde este jueves pasará definitivamente al 0%, eliminando por completo los derechos de importación.

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Desde el Poder Ejecutivo sostienen que esta quita impositiva podría traducirse en una baja de precios cercana al 30%, especialmente en los modelos que hoy llegan al país con mayores costos. Sin embargo, especialistas del sector remarcan que el traslado al precio final dependerá de múltiples variables y no se dará de manera automática.

La formación del valor de los celulares incluye factores como tipo de cambio, costos logísticos, IVA, impuestos internos, márgenes comerciales y estrategias de las marcas. En ese contexto, la eliminación del arancel representa solo una parte de la estructura de costos, por lo que el efecto en las góndolas podría verse de forma progresiva.

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La medida se inscribe en una política más amplia de reducción de impuestos sobre productos electrónicos. En mayo de 2025, el Gobierno también dispuso la eliminación del impuesto interno para celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego, que pasó del 9% al 0%, y redujo del 19% al 9,5% el tributo aplicado a productos electrónicos importados.

Desde el Ejecutivo explicaron que estas decisiones buscan “mejorar las condiciones de oferta, reducir los precios de mercado y facilitar el acceso de los consumidores, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”, en un contexto donde persiste una fuerte brecha de precios con otros países de la región.

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En el sector comercial señalan que la mayor apertura podría favorecer el ingreso de más marcas y modelos, lo que aumentaría la competencia y presionaría a la baja los precios. También anticipan una mayor disponibilidad de equipos de gama media y alta, hoy limitados por costos e impuestos.

Sin embargo, la medida generó preocupación en la industria electrónica de Tierra del Fuego, donde se concentra buena parte de la producción nacional bajo el régimen de promoción industrial vigente desde 1972. Empresarios y sindicatos advierten que la quita total de aranceles podría profundizar la caída de la actividad local.

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Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, su secretario adjunto Marcos Linares expresó: “Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”.

El gremio recordó que la industria electrónica representa alrededor del 78% de la economía fueguina y genera unos 8.500 puestos de trabajo directos, además de miles de empleos indirectos vinculados a logística, comercio y servicios. En 2025, la UOM ya había impulsado un paro por tiempo indeterminado en rechazo a decisiones similares.

El régimen de promoción industrial fue concebido como una herramienta para fomentar el desarrollo económico y el poblamiento de una región estratégica del país, otorgando exenciones impositivas a las actividades radicadas en la provincia. Desde el sector fueguino sostienen que una apertura total, sin mecanismos de compensación, pone en riesgo su continuidad.

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Así, la eliminación de los aranceles vuelve a exponer la tensión entre el objetivo de reducir precios para los consumidores y la necesidad de sostener la producción nacional y el empleo. Mientras el Gobierno apuesta a una mayor competencia y tecnología más accesible, la industria local advierte sobre posibles consecuencias estructurales.

En los próximos meses, el impacto real de la medida comenzará a reflejarse tanto en los precios de venta al público como en el nivel de actividad de las fábricas fueguinas, en un escenario de expectativas contrapuestas y debate abierto sobre el rumbo de la política industrial.