YPF: buitres piden que Argentina quede en desacato por los correos oficiales

Actualidad16/01/2026

YPF nuevamente en la mira de Preska.

La causa por la expropiación de YPF vuelve a moverse en los tribunales de Nueva York con una presentación enfocada en la etapa de pruebas. Los fondos Petersen y Eton Park anticipan para este jueves un escrito ante la jueza Loretta Preska para pedir que la Argentina quede declarada en desacato. El planteo no discute el contenido económico del fallo en esta instancia, sino el grado de cooperación en la entrega de documentación requerida por la corte.

La estrategia de los demandantes se apoya en la idea de incumplimiento dentro del proceso de recabación de información. Según sostienen, el Estado argentino no entrega la totalidad de correos electrónicos y mensajes oficiales de funcionarios actuales y anteriores que el tribunal exige. En ese marco, los fondos buscan instalar que la demora no responde a un problema puntual sino a una resistencia que condiciona el acceso a pruebas.

En la previa de la presentación, Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el caso, describió el objetivo del movimiento en su cuenta de X. “Los beneficiarios del fallo YPF comenzarán el largo proceso para convencer a la Juez Loretta Preska que Argentina está en desacato con la corte”, informó, según lo consignado por Agencia Noticias Argentinas. La frase marca que el escrito abre un recorrido que puede extenderse con cruces y respuestas en el expediente.

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El pedido de desacato busca habilitar herramientas que presionen sobre el ritmo de la causa y sobre la producción de pruebas. Los querellantes pretenden que la jueza evalúe sanciones económicas adicionales si entiende que existe incumplimiento. También apuntan a que el tribunal adopte presunciones adversas, una figura que permitiría asumir como ciertos hechos que esos correos podrían demostrar si estuvieran completos.

A la vez, el planteo incluye la posibilidad de imponer cronogramas estrictos para tratar el desacato y forzar la entrega de la información reclamada. La intención, en términos prácticos, es acotar márgenes y convertir la disputa por la documentación en un frente con plazos definidos. Para los demandantes, ese tipo de medidas reduce la capacidad del Estado de estirar discusiones técnicas sin volcar el material al expediente.

Del lado argentino, la línea defensiva va en sentido contrario y apunta a desactivar el reclamo desde el inicio. Maril indicó que “Argentina rechaza todos los argumentos que se presentarán hoy y afirma que ha cumplido con las órdenes de la Juez Preska”. Ese planteo intenta mostrar que la entrega de información cumple con los requerimientos y que el desacato carece de fundamento.

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La postura oficial se apoya además en una advertencia sobre el momento procesal. Desde la Procuración del Tesoro, que encabeza la representación legal del país, sostienen que cualquier sanción en esta instancia resultaría prematura. Según la posición citada en la fuente, una medida de ese tipo podría afectar el derecho a defensa del Estado soberano, en un tramo donde todavía se discuten alcances, tiempos y modalidades de producción de pruebas.

Más allá de la pelea por correos y mensajes, el trasfondo de la presión se conecta con la búsqueda de activos embargables. Los fondos intentan demostrar que organismos y empresas públicas como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como “alter ego” del Estado. En esa hipótesis, la separación formal entre esas entidades y la Argentina quedaría debilitada ante la justicia estadounidense.

Si lograran sostener esa acusación con elementos probatorios, sumarían un argumento favorable para pedir que el tribunal habilite avances sobre cuentas o bienes de esas entidades con el objetivo de cobrar la sentencia multimillonaria. Por eso la etapa de pruebas concentra tanta atención: no se trata solo de papeles, sino de qué información puede reforzar o desarmar la tesis que los demandantes empujan en Nueva York.