El Gobierno prorrogó la conciliación obligatoria en el conflicto con controladores aéreos

Actualidad16/01/2026REDACCIÓNREDACCIÓN
Paro de controladores aéreos
Paro de controladores aéreos

La Secretaría de Trabajo de la Nación decidió extender la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). La medida se adoptó este viernes por la mañana luego de un encuentro entre las partes y busca sostener el canal de diálogo en un contexto de alta sensibilidad para el sistema aeronáutico.

De acuerdo con información oficial, la prórroga tendrá una vigencia de cinco días hábiles adicionales y se extenderá hasta el 26 de enero a las 8 horas. Durante ese período, el marco legal impide la realización de cualquier medida de fuerza por parte del gremio, mientras continúan las conversaciones para destrabar el conflicto salarial.


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En paralelo, la autoridad laboral convocó a una nueva audiencia formal para el viernes 23 de enero a las 11 horas, con el objetivo de acercar posiciones. Desde el Gobierno señalaron que la instancia busca evitar un impacto directo sobre el transporte aéreo en plena temporada alta, cuando se incrementa el flujo de pasajeros en todo el país.

Fuentes oficiales recordaron que los Servicios de Navegación Aérea que presta EANA se encuentran catalogados como servicio esencial por ley. En ese marco, cualquier medida gremial debe cumplir requisitos específicos, entre ellos la presentación previa de un cronograma con al menos cinco días de anticipación y una afectación máxima del 45% de las operaciones aéreas.


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Mientras la conciliación obligatoria se mantenga vigente, el gremio no puede llevar adelante paros ni asambleas con impacto operativo. Esta condición fue uno de los ejes remarcados por la Secretaría de Trabajo durante el encuentro, ante la posibilidad de acciones sorpresivas que alteren el funcionamiento del sistema.

Desde la empresa estatal reiteraron su postura institucional. “En este contexto, EANA insiste en su voluntad de diálogo con el objetivo de alcanzar una solución al conflicto y evitar el daño que podrían generar las medidas de fuerza del gremio sobre pasajeros, trabajadores y todo el sistema aeronáutico”, señalaron fuentes oficiales.


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La conciliación original se dictó el 23 de diciembre y permitió suspender un nuevo esquema de protestas impulsado por ATEPSA. Sin embargo, el conflicto paritario continúa sin resolución, ya que los aumentos salariales no dependen exclusivamente de EANA, sino de la pauta definida por Empleo Público, bajo la órbita de Maximiliano Fariña.

La normativa vigente habilita a la autoridad laboral a otorgar una prórroga adicional de cinco días hábiles a pedido de la empresa estatal. Este recurso apunta a agotar las instancias administrativas antes de que el gremio, conducido por su secretaria general Paola Barritta, recupere la potestad de retomar medidas sindicales.


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El conflicto arrastra antecedentes recientes. En julio del año pasado, se dispuso una conciliación inicial para desactivar protestas previstas durante las vacaciones de invierno. Luego, en agosto, se concretaron tres jornadas de paro nacional, que derivaron en un acuerdo transitorio con una recomposición salarial del 15% en cuatro tramos.

En noviembre, ATEPSA retomó las acciones con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y la suspensión total de capacitaciones técnicas y tareas de mantenimiento. En diciembre, el plan de lucha volvió a impactar en vuelos de pasajeros durante dos días consecutivos, lo que motivó la conciliación que ahora fue extendida.


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El conflicto también llegó al ámbito judicial. En los tribunales federales se investigan presuntas irregularidades vinculadas a un acta paritaria de fines de 2023, donde se analiza la responsabilidad de Gabriela Logatto, ex presidenta de EANA, y de Paola Barritta, por la supuesta existencia de un documento con aumentos anticipados para 2024 que no figura en los registros oficiales.

Además, EANA presentó denuncias penales contra el gremio por acciones que habrían comprometido la seguridad operacional, entre ellas la colocación de elementos sindicales en torres de control que podrían haber interferido con la visibilidad y las tareas técnicas. Con la conciliación extendida, el Gobierno busca sostener la estabilidad operativa mientras continúa la negociación salarial.

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