La reforma laboral traerá una merma millonaria de coparticipación a Chubut

La discusión por la reforma laboral suma un capítulo que excede el mundo del trabajo y se mete de lleno en la recaudación. El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Senado incorpora cambios tributarios y, entre ellos, una rebaja del Impuesto a las Ganancias de sociedades que impacta en la coparticipación. El debate, según el propio texto de referencia, recién toma ritmo legislativo en febrero, pero los cálculos ya circulan.

En el centro de la cuenta aparece una modificación de alícuotas para empresas en Tramos 2 y 3. La iniciativa propone pasar del 30% al 27% en un tramo y del 35% al 31,5% en el otro, un recorte que, de aprobarse en ambas cámaras, implica menos recaudación por Ganancias. Esa merma, por su esquema de distribución, no queda contenida en el Estado nacional.

El punto sensible para los gobernadores surge de un dato del propio texto: casi un 60% del “alivio fiscal” a empresas se solventa con menores envíos de coparticipación a las provincias. En términos prácticos, la medida cambia el flujo de recursos que llega mes a mes a los distritos. Por eso, aun cuando el paquete se presente como parte de una reforma laboral, la lectura provincial se concentra en la caja.

En Chubut, la estimación que figura en la fuente ubica la pérdida por encima de los $ 17.000 millones. El texto la compara con otro parámetro local: esa cifra resulta superior a lo que recibió la Provincia durante todo el 2025 en transferencias discrecionales. En la práctica, la proyección plantea un recorte que, por volumen, compite con fondos que suelen quedar atados a decisiones de la Casa Rosada.

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El cálculo técnico se apoya en un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que identifica varios componentes impositivos dentro del proyecto. Allí se señala: “El proyecto de modernización laboral tiene varios componentes tributarios. El relacionado con el impuesto a las ganancias se concentra en la rebaja de alícuotas a las empresas y en otros cambios como la exención de pagar ganancias por el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación”. Esa combinación explica por qué el capítulo tributario despierta tanta atención fuera del Congreso.

En números agregados, la fuente indica que el costo fiscal directo inicial anual ronda el 0,22% del PBI, equivalente a 1,9 billones de pesos “en moneda actual”. Dentro de esa suma, el reparto marca otra lectura política: $ 790.000 millones corresponden al Gobierno nacional y $ 1,12 billones al conjunto de provincias y CABA. Con esa estructura, el efecto se siente con más fuerza en las jurisdicciones.

El texto también incorpora un interrogante que atraviesa el clima económico: el apuro por incluir cambios impositivos dentro de una reforma laboral cuando, según se recuerda, el presidente Javier Milei prometió en su cadena nacional por el primer año de gestión una reforma tributaria orientada a eliminar tributos de baja incidencia recaudatoria. Esa comparación alimenta preguntas sobre la estrategia elegida, pero el impacto concreto se lee en el reparto de recursos.

Además, el mismo material advierte que la relación fiscal ya venía tirante por otros motivos, con provincias que anotan menor recaudación por caída del nivel de actividad y también por la mora o ausencia del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En ese escenario, un recorte de coparticipación proyectado a futuro se suma a un presente donde los gobernadores miran con lupa cada transferencia automática y no automática.

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Una particularidad clave es el calendario. El costo fiscal no aparece de inmediato: el texto señala que recién se refleja en 2027, cuando los contribuyentes presenten las declaraciones juradas del ejercicio 2026. El informe lo resume con precisión: “Concretamente, el impacto se daría a partir de mayo de 2027, cuando los contribuyentes empiecen a presentar sus declaraciones juradas y pagar el saldo correspondiente a 2026. Y, posteriormente, en los anticipos derivados de ese nuevo saldo”. Esa fecha ubica la discusión más allá del corto plazo, pero no reduce la preocupación de las provincias.

El mapa de pérdidas tampoco se reparte parejo. Del total estimado, la mayor carga recae en provincia de Buenos Aires con $ 238.558 millones, seguida por Santa Fe ($ 97.087 millones) y Córdoba ($ 96.459 millones), según el listado incluido en la fuente. En el tramo final aparecen Chubut y Santa Cruz con la misma pérdida proyectada de $ 17.180 millones, mientras Tierra del Fuego figura con $ 13.398 millones. Esa distribución termina de explicar por qué una discusión impositiva, aun dentro de un paquete laboral, se transforma en un tema central para los gobernadores.