La Justicia intimó al Gobierno por cambios en el INTI que afectan controles de medición
Actualidad19/01/2026
REDACCIÓN
mediciones en estaciones de servicio
El Gobierno nacional recibió una intimación judicial para que deje sin efecto una resolución interna del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que modifica de manera sustancial el funcionamiento del Programa de Metrología Legal. La presentación fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que cuestiona la decisión adoptada durante la gestión del presidente Javier Milei.
La medida judicial apunta directamente contra la Resolución 213/25, publicada recientemente, que redefine el alcance del área encargada de controlar instrumentos sujetos a reglamentaciones nacionales. Entre ellos se encuentran los surtidores de combustible, las balanzas comerciales, los alcoholímetros y distintos instrumentos médicos, utilizados a diario en actividades económicas y controles públicos.
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Desde el gremio sostienen que la resolución implica una desarticulación del programa y que elimina funciones centrales vinculadas a la fiscalización y verificación de mediciones. En ese marco, ATE considera que la decisión se inscribe en una política orientada a reducir la presencia estatal en áreas técnicas y estratégicas.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió sobre las consecuencias de la modificación dispuesta por el organismo. “No solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población”, expresó al referirse al alcance del programa afectado.
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El dirigente gremial también cuestionó el criterio aplicado por las autoridades del INTI y señaló que el recorte se concentra en áreas sensibles. “El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización”, afirmó, y agregó que resulta llamativo que se apunte contra funciones de control y fiscalización.
Según Aguiar, la decisión tendrá efectos directos en la actividad económica y en la vida cotidiana. Sostuvo que se prevén consecuencias “graves y concretas” en el funcionamiento de empresas que dependen de mediciones certificadas, y remarcó que “millones de ciudadanos pueden verse afectados” por la falta de controles adecuados.
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El Programa de Metrología Legal cumple un rol central en la verificación de instrumentos utilizados por organismos públicos y privados. Entre sus tareas habituales se encuentran los controles de cinemómetros para fotomultas, balanzas en comercios, surtidores de nafta y dispositivos de medición vinculados a la seguridad vial y sanitaria.
Desde ATE alertaron que, a partir de la aplicación de la resolución cuestionada, el área deja de realizar aprobaciones de modelos y certificaciones de funcionamiento, lo que implica que numerosos instrumentos seguirían en uso sin validaciones oficiales actualizadas.
Esa situación, advirtieron, genera un vacío institucional que impacta en la confianza pública sobre las mediciones que regulan transacciones comerciales y controles estatales. Para el gremio, la ausencia de verificación técnica abre un escenario de incertidumbre que excede el plano administrativo.
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En un tono crítico, Aguiar sintetizó el alcance del problema con una frase que resume la preocupación sindical. “Nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que, en los surtidores de nafta, un litro no sea realmente un litro”, señaló al cierre de su declaración.
La intimación judicial ahora obliga al Gobierno a responder ante la Justicia mientras el conflicto suma un nuevo capítulo en la discusión sobre el rol del Estado en áreas técnicas y de control vinculadas al consumo y la seguridad.
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