Represas patagónicas: miles de millones ejecutados y una obra lejos de su ritmo esperado

Actualidad22/01/2026

Represas Santa Cruz

Un desembolso de USD 150 millones habilitó pagos atrasados en Cóndor Cliff–La Barrancosa, aunque la continuidad depende de auditorías, deudas discutidas y certificaciones de obra.

La aprobación de la Adenda XII para las represas Cóndor Cliff–La Barrancosa, sobre el río Santa Cruz, permitió un movimiento financiero inmediato, pero no despejó todas las dudas sobre el rumbo del proyecto. El dato concreto es el ingreso de un desembolso que se direccionó a certificaciones y redeterminaciones de precios. Aun así, el camino hacia una reactivación sostenida queda condicionado por discusiones contractuales y por el modo en que se liberan los fondos.

El último giro se materializó con USD 150 millones, un monto que se acreditó para cubrir compromisos vinculados a la obra. Según el detalle incluido en la documentación, USD 136 millones ingresaron a Argentina y USD 14 millones se destinaron a pagos directos en China. La mecánica deja a la vista que el financiamiento no llega como una suma global, sino como tramos orientados a obligaciones puntuales.

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En los papeles, la Adenda XII opera como un contrato modificatorio del crédito original que habilita ese desembolso. En la práctica, ese paso permite pasar de la parálisis a una etapa de removilización de personal, con un margen de reservas que se mantiene por la falta de definiciones completas. El punto central es que la obra queda nuevamente en movimiento, pero sin despejar del todo las condiciones de continuidad.

Uno de los nudos más sensibles aparece en la deuda discutida con la UTE. Los documentos mencionan un reclamo total cercano a USD 400 millones, mientras que desde el Gobierno nacional sostienen que parte de esa cifra está “inflada”. Esa discusión se volvió determinante porque una auditoría atribuida a ENARSA rechazó el importe planteado por la UTE, lo que sostiene un nivel de incertidumbre sobre los próximos pagos.

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En paralelo, continúa una negociación mayor con el financiamiento chino, con conversaciones que rondan un crédito de hasta USD 1.000 millones para dar continuidad real a la obra. El texto indica que la firma presidencial solo habilitó, por ahora, el tramo de USD 150 millones, pese a que desde Santa Cruz hubo anuncios previos sobre una normalización del proyecto. La diferencia entre el financiamiento que se busca y el que efectivamente llega explica parte del freno.

El sistema de desembolsos también impone una condición operativa: los fondos se acreditan contra la presentación de “Certificados de Avance de Obra”. Esa lógica genera un círculo difícil de romper cuando faltan recursos para sostener la actividad a ritmo pleno, porque sin trabajo efectivo no hay certificaciones y sin certificaciones no hay nuevos desembolsos. El esquema obliga a sostener un equilibrio delicado entre caja disponible y capacidad de producción en obra.

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La historia contractual refuerza esa complejidad. El financiamiento original pactado en 2014 con bancos chinos se fijó en USD 4.714 millones, y luego se registró una modificación de rediseño en 2016 que redujo turbinas y ajustó el presupuesto a aproximadamente USD 4.100 millones. Más tarde, nuevas adendas ampliaron plazos y condiciones financieras por los retrasos y la necesidad de sostener la disponibilidad del crédito.

En términos de ejecución, el texto señala que hasta enero de 2026 se consumieron alrededor de USD 2.000 millones, lo que equivale a cerca del 42% del crédito comprometido. Sin embargo, también remarca que el avance general de obra queda muy por detrás de ese porcentaje, una brecha que suele traducirse en costos adicionales por demoras y mantenimiento. Ese desfasaje es relevante porque condiciona cuánto falta desembolsar y qué ritmo puede sostenerse.

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Hacia adelante, el remanente aproximado rondaría los USD 2.714 millones por desembolsar, sujeto a hitos y certificaciones futuras. A su vez, el Presupuesto Nacional 2026 incorpora una partida canalizada por ENARSA: $200.000 millones para el programa “Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff – La Barrancosa”. Esos fondos figuran como transferencias a una empresa pública para administrar pagos a la UTE y sostener gastos operativos, incluyendo mantenimiento invernal y contrapartida local.

En este escenario, la Adenda XII funciona como una herramienta para destrabar un tramo de dinero, pero no como garantía automática de continuidad hasta la finalización. La discusión por montos reclamados, la auditoría sobre deudas y la negociación por un financiamiento mayor siguen presentes. La obra vuelve a moverse, aunque el ritmo final depende de acuerdos que todavía no quedan cerrados en los términos que describen los documentos.

Fuente: Opi Santa Cruz