Suman otra denuncia contra el juez de Esquel Carlos Richieri

La denuncia contra el juez de Esquel Carlos Richeri por presunto mal desempeño incorporó un nuevo testimonio y una serie de elementos que, según los denunciantes, refuerzan una acusación por actividades comerciales vinculadas a asesoramiento para abogados. En esta etapa, la ampliación se apoya en transcripciones de presuntos audios enviados por WhatsApp, además de capturas de video mencionadas en el escrito. El caso se tramita en el Consejo de la Magistratura de Chubut, donde ya existía una presentación previa.

El aporte que sumó volumen a la acusación llegó desde la provincia de Buenos Aires. La abogada Diamela Caradonna se puso a disposición y relató contactos con Richeri que, de acuerdo con el documento, incluyeron insistencia para que abonara dinero a cambio de una mentoría. El punto que destacan los denunciantes es que el ofrecimiento no se limitó a una propuesta general, sino que incluyó indicaciones operativas y un pedido de datos personales.

En la ampliación, los abogados Alfredo Pérez Galimberti, Federico Ruffa y José Raúl Heredia sostienen que el magistrado “sigue brindando asesoramiento profesional rentado a abogados”. También describen el contexto en el que Caradonna se comunicó con ellos, al señalar que lo hizo “ante el estupor que le provocara el hecho de que un magistrado insistentemente le requiriera que abonara una suma de dinero para anotarse en una mentoría”. En el mismo tramo, agregan que esa mentoría le permitiría usar herramientas de inteligencia artificial aplicadas a sus casos.

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Uno de los fragmentos que aparece en el escrito reproduce un mensaje atribuido a Richeri, donde se promociona el supuesto impacto del curso en el trabajo cotidiano. “La promesa es que la causa que antes tardabas un fin de semana en estudiar, en 15 minutos ya la estudiás”, figura en la transcripción incluida en la denuncia. Ese mismo mensaje continúa con una descripción del uso de “promts” y una dinámica en la que la tarea principal quedaría reducida a revisar resultados y definir estrategia.

En ese pasaje también se detallan tiempos y reacciones de quienes habrían participado. “Con estos cuatro promts con el uso de la inteligencia artificial, volver a hacerlo pero no lo hacés vos, lo hace la inteligencia artificial”, dice la transcripción, antes de sumar ejemplos de minutos y comentarios sobre el resultado. “Fue muy gracioso y gente que incluso estaba negada para usar la inteligencia artificial estaba muy contenta por el resultado”, agrega el texto atribuido al juez, siempre según el material incorporado en la ampliación.

Otro tramo que los denunciantes subrayan por su peso documental es la inclusión de un CBU en los mensajes. La ampliación consigna que el magistrado habría enviado un pedido directo de información personal para avanzar con el pago. “Voy a necesitar que me pases tu nombre completo, tu CUIT o CUIL, un domicilio que esté asociado con Arca y un correo”, figura en la transcripción que acompaña el escrito presentado ante el Consejo.

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En paralelo, el documento menciona que Richeri promocionó este mes un curso titulado “Clínica práctica - Herramientas de inteligencia artificial para abogados no informáticos” con valores detallados. El precio informado fue de $ 249.000 o U$S 175, con una modalidad de dos encuentros en vivo de dos horas cada uno. Para los denunciantes, la existencia de un esquema pago y la forma de captación forman parte de lo que cuestionan en su presentación.

Caradonna, por su parte, explicó que decidió avanzar luego de revisar información pública vinculada al magistrado. En su relato, incorporado en la ampliación, señaló: “Tomé conocimiento de que se encontraba denunciado por razones similares a las que motivan mi cuestionamiento actual sobre su proceder”. Y sumó el motivo de su contacto con los abogados que impulsan la denuncia: “Tomé contacto con los abogados intervinientes con el objeto de colaborar aportando pruebas concretas de los hechos que acababa de experimentar personalmente”.

En el plano argumental, Galimberti, Ruffa y Heredia sostienen que lo descripto no se trata solo de una actividad paralela, sino de una práctica que choca con las obligaciones del cargo. Según el escrito, “es una actividad comercial que viola la prohibición del ejercicio profesional, pues se ocupa de los casos reales que gestionan quienes reciben el asesoramiento del magistrado”. Esa frase aparece como una de las bases centrales del planteo.

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La ampliación también apunta a la utilización de recursos institucionales y a una forma de persuasión sobre potenciales cursantes. Los denunciantes acusaron a Richeri por usar su cargo y espacios oficiales del Poder Judicial del Chubut para captar clientes, además de hablar de “la política de seducción para persuadir a los cursantes de que deben abonar la matrícula que solicita”. En el mismo sentido, plantearon que el tiempo dedicado a estas acciones lo aparta de su tarea principal dentro del sistema judicial.