La Justicia ordenó pagar en dólares tierras expropiadas hace más de una década en Plottier
Política08/02/2026
Sergio Bustos
La Justicia Federal de Neuquén dictó una sentencia que introduce un criterio contundente en materia de derecho de propiedad y expropiaciones. El Estado nacional deberá indemnizar con valores actualizados en dólares a los dueños de dos terrenos privados que fueron ocupados y luego declarados de utilidad pública sin que se concretara el pago correspondiente durante más de diez años.
La decisión fue firmada el 2 de febrero por la jueza Carolina Pandolfi, en el marco de la causa “P.J.O. y otros c/ Agencia de Administración de Bienes del Estado s/ expropiación inversa”. El fallo ordena a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) abonar una suma que supera los 900 millones de pesos, con resguardo del valor real de la indemnización.
Los terrenos se ubican en la zona noroeste del casco urbano de Plottier, a pocas cuadras del centro de la ciudad. Pertenecían en partes iguales a dos familias históricas de la localidad y suman, en conjunto, cuatro hectáreas. En esos lotes hoy funciona un barrio popular consolidado, con viviendas de material, calles internas y actividad comercial.
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La ocupación se inició en 2011, cuando los inmuebles fueron tomados por terceros. Con el paso de los años, la situación se volvió irreversible desde el punto de vista fáctico. El Estado impidió cualquier intento de desalojo, pero tampoco avanzó con la expropiación ni con el pago de compensación a los propietarios originales.
En 2018, el Congreso sancionó la ley 27.453, que declaró de utilidad pública los inmuebles incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). La norma alcanzó a unas 4.000 propiedades en todo el país, muchas de ellas privadas, y estableció la obligación estatal de indemnizar a los titulares registrales. En el caso de Plottier, ese paso nunca se concretó.
Ante el incumplimiento del plazo legal de dos años previsto para avanzar con la expropiación, los propietarios recurrieron a la figura de la expropiación inversa, contemplada en la ley general de expropiaciones. El planteo se basó en que el Estado, al impedir el uso, la venta o la recuperación del bien, asumió de hecho el dominio sin compensación previa.
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El abogado de la familia, Gastón Rambeaud, destacó el alcance del fallo. “Estos casos ocurrieron mucho en la provincia de Buenos Aires, pero acá en Neuquén no conozco que haya salido un fallo así”, sostuvo. También explicó que el marco legal resultó desconocido para los propietarios durante años, hasta que el barrio apareció incluido en el listado oficial del RENABAP.
“Cuando nos vinieron a ver, intentamos un desalojo, pero era imposible. Ahí detectamos que existía esta ley, revisamos el anexo con las 4.000 propiedades y encontramos que este barrio estaba incluido”, relató el letrado. A partir de ese hallazgo, la estrategia judicial se orientó al reclamo patrimonial contra el Estado nacional.
La sentencia resulta especialmente crítica con la defensa de la AABE. La jueza rechazó los argumentos vinculados a procesos graduales de regularización o a la falta de recursos presupuestarios y recordó que “la propiedad es inviolable y la expropiación debe ser previamente indemnizada”. También descartó que los propietarios hubieran perdido derechos por no haber logrado frenar la ocupación inicial.
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En su resolución, Pandolfi declaró transferido el dominio de los inmuebles al Estado solo una vez abonada la indemnización y fijó el monto conforme al dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Se establecieron $433.335.000 para uno de los lotes y $472.500.000 para el otro.
Un aspecto central del fallo es la orden de mantener el valor equivalente en dólares estadounidenses hasta el momento del pago, con intereses desde octubre de 2018, fecha en la que la ley bloqueó cualquier acción de desalojo. Al momento de la tasación, el total representaba más de 885 mil dólares, relación que no podrá ser absorbida por la inflación.
La sentencia aún no se encuentra firme. El Estado nacional apeló y el expediente será revisado por la Cámara Federal de General Roca. Según indicó Rambeaud, en Neuquén podrían existir alrededor de 25 situaciones similares, con barrios populares asentados sobre tierras privadas incluidas en el RENABAP.
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