Qué cedió el Gobierno para destrabar la reforma laboral y llegar con los votos al Senado

Las últimas horas antes de la sesión fueron más intensas que públicas. Mientras se afinaban discursos y se anunciaba una conferencia, la verdadera negociación por la reforma laboral se jugó puertas adentro del Senado, con concesiones que el Gobierno terminó aceptando para garantizar los votos.

El acuerdo entre el oficialismo y la oposición dialoguista quedó sellado este martes por la tarde. Si no hay sorpresas de último momento, la ley será aprobada mañana en sesión extraordinaria desde las 11, con un trámite pensado para evitar sobresaltos y acelerar el envío del proyecto a Diputados.

La clave estuvo en los cambios al dictamen de mayoría aprobado a las apuradas en diciembre. El texto original, impulsado por el ala más dura del oficialismo, chocó con resistencias de gobernadores, sindicatos y sectores empresarios, que obligaron a recalibrar el proyecto.

Uno de los puntos más sensibles fue Ganancias. El Gobierno aceptó eliminar el artículo que reducía del 30% al 27%la alícuota para grandes empresas. La decisión fue leída como un alivio fiscal para las provincias y también para la Nación, que evitará resignar recaudación en un año ajustado.

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Otro eje central fue el de los aportes compulsivos. Contra la idea inicial de avanzar hacia su eliminación, el acuerdo mantiene por dos años los aportes establecidos en los convenios colectivos, pero con límites claros. Para cámaras y asociaciones empresariales, el tope será del 0,5% de las remuneraciones.

En el caso de los sindicatos, los aportes no podrán superar el 2% del salario de los trabajadores, tanto afiliados como no afiliados alcanzados por el convenio. El texto aclara que quedan excluidos otros beneficios vinculados a la afiliación sindical, una distinción clave para el equilibrio interno del acuerdo.

Además, se fijó una fecha de salida. A partir del 1 de enero de 2028, los aportes patronales destinados a cámaras empresariales pasarán a tener carácter estrictamente voluntario, sin posibilidad de imponerlos por cláusulas convencionales ni a empleadores no asociados.

El capítulo de las obras sociales también fue objeto de negociación. El proyecto mantuvo la contribución del 6% a cargo del empleador, descartando la reducción al 5% que figuraba en versiones previas. A cambio, se reforzó el rol de control estatal: la Superintendencia de Servicios de Salud quedará habilitada para auditar el destino de esos fondos.

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Otro punto que se desactivó fue el artículo que habilitaba a los empleadores a actuar como agentes de retención de las cuotas sindicales, aun con consentimiento del trabajador. Esa cláusula fue eliminada para evitar un conflicto directo con las organizaciones gremiales.

También hubo retoques sobre el Fondo de Asistencia Laboral y una moderación del esquema original de indemnizaciones, uno de los aspectos que más ruido había generado entre bloques dialoguistas.

El consenso político se terminó de blindar en la reunión de Labor Parlamentaria. Allí se acordó que la votación en particular se realice de forma ágil, discutiendo por títulos y con objeciones anticipadas, para evitar un debate artículo por artículo que pudiera abrir fisuras.

La conferencia encabezada por Patricia Bullrich mostró apenas la superficie del acuerdo. Debajo, el texto final refleja una estrategia clara: resignar banderas originales para garantizar una victoria legislativa que el Gobierno necesita mostrar antes del 1° de marzo.

Con los cambios negociados, el oficialismo llega al recinto con un proyecto distinto al que imaginó al inicio. Menos confrontativo, más concesivo y pensado para sobrevivir al Senado, el primer filtro de una reforma laboral que todavía deberá enfrentar su prueba más compleja en Diputados.