Torres adjudicó una obra por más de $5.560 millones para frenar la socavación y resguardar calles, servicios y el paseo costero, con un plazo de 150 días.
Playa Unión arrastra desde hace años una postal que se repite cada vez con más frecuencia: el frente marítimo retrocede, el perfil de playa se achica y la franja urbana queda cada vez más expuesta. En el tramo más castigado, la socavación avanzó al punto de forzar cierres preventivos y encender alarmas por el impacto que puede tener sobre la circulación y la infraestructura que sostiene la vida cotidiana del balneario.
En ese escenario, el gobernador Ignacio Torres firmó la adjudicación de la primera etapa de la obra “Protección Costera Playa Unión”, definida como prioritaria ante el riesgo de colapso del sector más erosionado. La decisión apunta a atacar el núcleo del problema con una intervención estructural y con financiamiento provincial, en un punto donde la energía del oleaje y las pleamares extraordinarias vienen desgastando la costa de manera sostenida.
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La ejecución quedó en manos de Sudelco S.A., que resultó adjudicataria tras el proceso licitatorio y la evaluación técnica, legal, administrativa y financiera. El monto adjudicado asciende a $5.560.426.063,04 y el plazo previsto es de 150 días corridos desde la firma del acta de inicio, un cronograma que busca acotar el tiempo de exposición del tramo más frágil.
El sector intervenido no es menor ni simbólico: abarca 355 metros ubicados al norte del espigón de piedra existente, donde se registra el avance más marcado del proceso erosivo. Allí confluyen factores que, según el propio detalle técnico del proyecto, se potencian entre sí, como temporales extremos, oleajes persistentes del sudeste y pleamares extraordinarias que aceleran la pérdida del perfil de playa.
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El efecto ya tuvo traducción concreta en el uso del espacio público. La pérdida progresiva de la playa y el debilitamiento de la franja costera empujaron a decisiones de prevención, entre ellas el cierre de la circulación peatonal en zonas específicas, mientras crece la preocupación por el riesgo sobre el tránsito vehicular en un corredor clave de la villa balnearia.
La solución proyectada combina obra dura y defensas escalonadas para disipar el impacto del agua. El plan prevé un muro vertical con botaolas de hormigón armado, acompañado por un sistema de enrocado en tres capas con material de gran porte, que incluye rocas de hasta 7 toneladas en el pie de talud, pensadas para disipar la energía del oleaje y estabilizar el área crítica.
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A ese núcleo se suman capas y refuerzos que apuntan a sostener la estructura en el tiempo. Se colocará geotextil, una pantalla de gravas y colchonetas con malla revestida rellenas con piedra seleccionada, elementos que fortalecen la base y buscan evitar que el mar vuelva a “comerse” el soporte desde abajo, como ocurrió en temporadas anteriores.
El proyecto también incorpora una lógica de optimización de recursos, con reutilización de materiales ya presentes en el frente costero. Del lado del mar se prevé reutilizar premoldeados existentes, una decisión que, según se planteó en el detalle técnico, permite aprovechar piezas disponibles sin resignar robustez en un tramo donde cada temporal puede generar nuevos daños.
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Además del tramo lineal a proteger, la intervención apunta a recomponer el comportamiento del espigón actual, que funciona como referencia física del sistema costero del balneario. La obra incluye la regeneración del morro del espigón, con restitución de piedras diseminadas y refuerzo de la estructura, como parte de una estrategia integral para que la defensa no quede “suelta” sino integrada al esquema existente.
En el trasfondo aparece una discusión conocida para los vecinos: el tiempo perdido entre diagnósticos y respuestas. Torres puso el foco en esa demora y afirmó: “Ahora vamos a iniciar y terminar una obra que durante años fue postergada. Lo vamos a hacer con celeridad, transparencia y responsabilidad, garantizando de una vez por todas la seguridad de uno de los balnearios más concurridos de la provincia”.
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El Gobierno provincial también recordó que, antes de esta etapa estructural, ya se desplegaron respuestas de urgencia en el marco de la Emergencia Costera. En ese contexto, se había realizado un aporte de $500 millones a la Municipalidad de Rawson para defensas temporales, una medida pensada como contención inmediata mientras se avanzaba hacia una solución de fondo.
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