La semana en la que el comienzo de clases trajo viejas costumbres políticas a Chubut

La Justicia de Chubut abrió una investigación por una denuncia que, si se confirma, pone en el centro del debate algo más grave que una interna sectorial: el intento de condicionar el arranque del ciclo lectivo mediante un ofrecimiento de dinero para provocar medidas de fuerza y “hacer quilombo” en el sistema educativo. El caso se activó a partir de la presentación realizada por José Severiche, secretario general de ATE Trelew, quien afirmó que le propusieron generar un conflicto para impedir el inicio de clases.

Según la información publicada, la causa incluye procedimientos concretos: secuestro de teléfonos, un allanamiento y la imputación del exfuncionario Gonzalo Carpintero Patterson. La hipótesis investigada apunta a una maniobra organizada, con citas y contactos que quedaron bajo análisis fiscal, en una trama que también expone el roce permanente entre política provincial, sindicatos y el negocio pesquero en la región.

En el relato judicial incorporado a la denuncia, la fiscal Julieta Gamarra confirmó que existió una reunión y que fue verificada con revisión de cámaras de seguridad. En ese marco, la nota señala que el planteo no habría sido una sugerencia genérica: se trató de un pedido dirigido a alguien con capacidad de movilización real, con una promesa de pago asociada a la magnitud del desorden buscado.

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La propia investigación avanzó sobre el circuito de comunicaciones y movimientos posteriores. Carpintero Patterson fue interceptado cuando se trasladaba entre Rawson y Trelew, se le secuestró el celular y luego se realizó un allanamiento en las oficinas donde, de acuerdo a la Fiscalía, se produjo el encuentro. En ese operativo también se incautó el teléfono de otra persona señalada como intermediaria, identificada como Ricardo Triversini, mientras los peritajes buscan reconstruir mensajes, llamadas y coordinaciones.

En paralelo, el caso se cargó de lectura política. El secretario de Pesca provincial, Andrés Arbeletche, describió el episodio con una frase que resume el nivel de alarma que el Gobierno intenta instalar: “un golpe institucional”. En declaraciones radiales citadas por el medio, sostuvo que atacar el inicio de clases implica golpear una de las funciones esenciales del Estado y remarcó que la Justicia debe ir “a fondo”, sobre todo si aparecen intereses económicos detrás del presunto intento de sabotaje.

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La misma publicación agrega elementos sensibles para la Patagonia: desde el Ejecutivo provincial, el ministro de Gobierno Victoriano Eraso Parodi vinculó la maniobra a la posible existencia de un grupo económico conectado al empresariado pesquero, y se mencionó que uno de los encuentros denunciados habría ocurrido en oficinas de una firma del sector. Esa pista, por ahora en el terreno de lo que se investiga, es la que vuelve el caso particularmente explosivo para Trelew y el mapa pesquero provincial.

La repercusión institucional se tradujo en un respaldo político amplio. Un grupo de intendentes y jefes comunales decidió sumarse como querellantes o respaldar formalmente la querella impulsada por el Gobierno provincial, con el argumento de que es indispensable determinar “qué intereses económicos o sectoriales” podrían estar detrás de un intento de esa naturaleza. En ese acompañamiento aparecen nombres de las principales ciudades, con la excepción señalada en los artículos consultados.

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Ese dato no es menor: en Chubut, el arranque de clases suele ser termómetro de gobernabilidad por la historia de conflictos, paros y calendarios incompletos. Por eso, el expediente no solo discute un hecho puntual, sino la posibilidad de que actores externos o internos pretendan convertir el sistema educativo en un campo de presión para disputas que exceden a docentes y estudiantes, con consecuencias directas sobre miles de familias.

Con la investigación en marcha, la prueba central quedará en la evidencia digital: qué se habló, quiénes participaron, cómo se armó la reunión y si existió efectivamente un ofrecimiento de dinero para inducir acciones destinadas a frenar el ciclo lectivo. Mientras tanto, la discusión pública ya quedó planteada: si el expediente confirma la denuncia, Chubut enfrentará un caso que mezcla presunto cohecho, disputa sectorial y un intento de impacto directo sobre un derecho básico como la educación.