Cuestionan si la causa por obras en escuelas debe salir de Rawson y pasar a la Justicia Federal

La audiencia por presuntas maniobras con fondos para reparar escuelas en Chubut entró en pausa. Un planteo de incompetencia abrió una discusión que puede cambiar el juez, el fuero y el rumbo del expediente.

En la mañana de este miércoles, la audiencia preliminar por el caso de presuntos hechos ilegales en la reparación de escuelas quedó trabada por un planteo que cambió el eje del debate en la Oficina Judicial de Rawson. La discusión no giró sobre presupuestos, calefactores o contrataciones, sino sobre quién debe juzgar el expediente si parte del dinero que financió las obras llegó desde Nación. Ese punto derivó en un cuarto intermedio y en un plazo formal para que el Ministerio Público Fiscal revise la competencia.

El planteo lo impulsó el abogado penalista Romano Cominetti, defensor de Maximiliano García, exfuncionario del Ministerio de Educación al momento de los hechos investigados. El argumento apuntó a que, al utilizarse fondos enviados por la Nación, el caso exigiría intervención de la Justicia Federal y no de la justicia provincial. En ese marco, la audiencia quedó suspendida en una instancia clave del proceso.

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La jueza de garantías Karina Breckle resolvió otorgar 20 días hábiles a los acusadores del Ministerio Público Fiscal para que reconsideren el pedido de “incompetencia parcial” presentado por la defensa. La decisión, en los hechos, implica un freno para evaluar si el caso permanece en Chubut o si debe cambiar de jurisdicción. La medida también reordena los tiempos de una causa que ya arrastra una larga tramitación.

Tras la resolución, Cominetti calificó el trámite como “sorpresivo” por el momento en que apareció el planteo, con el proceso abierto desde hace dos años. El defensor insistió en que la discusión de competencia resulta determinante por el origen de los recursos utilizados en las reparaciones. El cuarto intermedio, así, no quedó ligado a un problema de agenda sino a una cuestión de fondo.

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En paralelo, la audiencia dejó otra decisión relevante: se desestimó como querellante al titular de la Oficina Anticorrupción de la Provincia, el abogado Diego Carmona. Según lo expuesto, Carmona fue notificado de la realización de la audiencia preliminar el 12 de diciembre, pero no se presentó ni explicó su ausencia. La Oficina Judicial de Rawson le otorgó un plazo de casi media hora para concurrir, sin resultado.

El expediente tiene nueve imputados: dos particulares vinculados a empresas constructoras y siete exfuncionarios públicos provinciales, algunos ya sin relación actual con el Estado. En la acusación aparecen los contratistas Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León, junto con exfuncionarios de los ministerios de Educación e Infraestructura. Entre los nombres mencionados figuran Antonio Chacón, Gustavo Campos, Gustavo Barauna, Mónica Martínez Carpio, Claudio Márquez, Rocío Preciado y Maximiliano García.

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La causa se originó por un hecho que encendió alarmas en la cordillera: la falla en la calefacción de la Escuela 93 de El Maitén, que provocó una intoxicación por monóxido de carbono y puso en riesgo a alumnos y personal docente. A partir de ese episodio, la investigación penal avanzó como una posible maniobra de direccionamiento de obras públicas en establecimientos educativos de la región. La pesquisa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.

Las imputaciones incluyen defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El perjuicio económico estimado en el expediente ronda los 20 millones de pesos. En términos judiciales, la acusación sostiene que no se trató de errores aislados, sino de un esquema con reglas repetidas.

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Según lo expuesto en la audiencia de apertura de investigación realizada en Rawson, el Ministerio Público Fiscal describió un sistema que habría simulado compulsas de precios para aparentar legalidad en los procedimientos. La acusación indica que detrás de esas presentaciones existían acuerdos previos que definían de antemano qué contratista resultaría adjudicado. Ese corazón del caso, por ahora, quedó en suspenso hasta que se resuelva si seguirá bajo órbita provincial o si la discusión por el origen de los fondos empuja el expediente al fuero federal.