
Preska no frena el rastreo de activos y el caso YPF vuelve a complicar a la Argentina
Política21/02/2026
REDACCIÓNLa jueza de Nueva York rechazó el pedido para pausar el discovery y sigue la búsqueda de bienes embargables. En la lista aparecen oro del BCRA y empresas públicas.

La discusión judicial por YPF volvió a encender luces rojas en el frente financiero argentino con una decisión puntual, pero de impacto amplio: la jueza Loretta Preska rechazó el pedido del país para suspender el discovery, la instancia previa que busca ubicar activos que puedan terminar en embargos. El planteo oficial apuntaba a frenar esa investigación patrimonial, y la negativa consolida la presión sobre la estrategia legal mientras el litigio sigue abierto.
El punto central no pasa por una sentencia nueva, sino por el terreno que se habilita cuando un tribunal mantiene viva la pesquisa sobre bienes ejecutables. En ese marco, el proceso apunta a relevar activos del Estado y también bienes asociados a organismos y empresas públicas. En el texto aparece un universo sensible: oro del Banco Central y activos vinculados a Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y ARSAT.


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La etapa de discovery sostiene una lógica simple: antes del embargo, los demandantes buscan información para identificar qué se puede ejecutar y dónde. Esa ruta no se limita a bienes evidentes, sino que también busca conexiones. Por eso, los demandantes accedieron a comunicaciones oficiales con la intención de probar que ciertas compañías operaron como “alter ego” del Estado, es decir, como extensiones directas del poder político en decisiones empresariales.
Ese enfoque amplía el alcance del conflicto porque desplaza el eje desde la expropiación hacia el mapa de activos que podrían quedar bajo presión. En términos prácticos, cada avance en la investigación patrimonial agrega costos, tiempo y exposición para la Argentina. Y, en paralelo, fortalece la posición negociadora del fondo que empuja el reclamo.
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En el texto se señala que la decisión de Preska sostiene la presión del fondo Burford Capital, que impulsa un acuerdo con la gestión de Javier Milei mientras el litigio sigue su curso. El caso se apoya en el fallo multimillonario que benefició a sociedades vinculadas a las quiebras de Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, con financiamiento de Burford. Ese entramado explica por qué el expediente se convirtió en un capítulo permanente del riesgo legal argentino.
Desde la Procuración del Tesoro Nacional, según la fuente, la postura oficial sostiene que el país ya entregó documentación suficiente y que no aparecen elementos que respalden las acusaciones centrales de los demandantes. En esa línea, el texto anticipa una reacción: apelación de la decisión y pedido de stay para suspender sus efectos mientras continúa la disputa judicial. Esa jugada busca ganar aire en un escenario donde el discovery funciona como un mecanismo de presión constante.
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El revés procesal llega en un momento donde todavía pesa la condena de fondo y su impacto potencial. La fuente recuerda que la sentencia dictada en septiembre de 2023 condenó al país a pagar US$ 16.100 millones más intereses por la forma en que se realizó la expropiación. Esa definición, además, espera revisión de la Corte de Apelaciones, con posibilidad de escalar a la Corte Suprema de Estados Unidos si alguna parte decide seguir.
El costado financiero del litigio también aparece como dato clave para entender la intensidad del reclamo. Para Burford, el caso YPF figura como su activo más relevante y en sus balances lo valora en más de US$ 1.500 millones, una cifra que no necesariamente coincide con lo recuperable al final, pero marca el peso que ocupa en su cartera global. Ese interés explica por qué el discovery se vuelve una pieza central, más allá de la discusión jurídica de fondo.
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El efecto práctico para la Argentina se juega en dos tableros al mismo tiempo: el judicial y el de expectativas. La continuidad de la investigación patrimonial no define por sí sola un embargo inmediato, pero sí mantiene abierta la posibilidad y obliga al Estado a responder bajo presión. En paralelo, deja señales que el mercado suele leer con rapidez cuando se discute acceso a financiamiento y estabilidad.
Con el discovery en marcha y la apelación anunciada por la Procuración, el caso entra en una etapa donde cada documento y cada definición procesal adquieren valor estratégico. La disputa por YPF ya no se discute solo como un pleito por una expropiación: se discute como un conflicto con capacidad de condicionar activos, reputación y margen de maniobra. Y esa combinación, en el corto plazo, mantiene la lupa del mundo financiero sobre la Argentina.
















